El Superior vasco anula artículos de la norma que prioriza el euskera en las instituciones

La sentencia, emitida el pasado 28 de septiembre y avanzada este martes por EL CORREO, estima de forma parcial un recurso presentado por Vox –aún hay en ciernes otro del PP–, que acudió al Superior vasco para impugnar la norma que estableció el euskera como «lengua de trabajo de uso normal y general» en las entidades locales. El propio TSJPV observó indicios de inconstitucionalidad y decidió elevar la cuestión al TC, que el pasado julio anuló el extracto del artículo 6.2 en el que se obligaba a «alegar válidamente el desconocimiento del euskera» para que los documentos de funcionamiento interno en los ayuntamientos fueran redactados también en castellano.

Una vez sabida la inconstitucionalidad de ese precepto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo presidida por Luis Ángel Garrido –el mismo juez que suscribió las polémicas sentencias contra las restricciones del covid decretadas por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu– tumba en total una decena de artículos o apartados del decreto. Se anula, entre otros contenidos, la consideración del euskera como «lengua de servicio y de trabajo de uso normal y general» (art. 12) y el objetivo de que la planificación lingüística se dirija a «posibilitar que las actuaciones municipales puedan desarrollarse en euskera» (art. 9.2).

El fallo del Superior borra también del decreto la exigencia de la ley que anuló el Constitucional. En ella se permitía que los ayuntamientos redactaran documentos de funcionamiento interno (convocatorias, órdenes del día, mociones, propuestas de acuerdo, actas...) exclusivamente en euskera excepto en el caso de que algún miembro de la entidad pudiera «alegar válidamente el desconocimiento» de dicho idioma. Ya no será así (art. 18.1). Los funcionarios tampoco estarán obligados a dirigirse en un primer término en euskera al ciudadano, antes de que éste eligiera en qué idioma desea ser atendido (art. 27.1.a).

El Gobierno vasco ha recibido este mismo martes la notificación de la sentencia. Según el portavoz y consejero de Cultura y Política Lingüística, Bingen Zupiria, se trata de «un claro ejemplo de la judicialización de la política» por el hecho de que el fallo haya estimado parcialmente el recurso de una formación como Vox. «La aplicación de esta ley no ha generado controversia, pero como consecuencia de la intervención de un partido que ha llevado esta causa a los tribunales nos hemos visto envueltos en una maraña que no sabemos con claridad qué consecuencias puede tener», ha explicado al término del Consejo de Gobierno.

Lakua aguarda ahora a contar con el informe de sus servicios jurídicos, pero Zupiria ha mostrado con claridad su deseo de presentar un recurso ante el Supremo al considerar que el TSJPV «ha ido incluso más lejos» que el Constitucional al anular más artículos que el propiamente tumbado por la corte de garantías. El consejero lamenta que se extienda el goteo de pronunciamientos que cuestionan el proceso de normalización lingüística emprendido por las instituciones vascas en un momento en el que, sin embargo, se están dando pasos adelante como el reconocimiento de los idiomas cooficiales en el Congreso: «Ésta debe ser la legislatura de las lenguas, ha llegado el momento de que el Gobierno de España lo reconozca».

El fallo del Superior vasco también se ha saldado con la indignación de Euskalgintzaren Kontseilua, la principal asociación que promueve la normalización del euskera, que tacha la decisión de «muy grave». «El Poder Judicial sigue haciendo política lingüística, achicando la oficialidad del euskera y yendo en contra de los derechos de la ciudadanía», argumenta el colectivo, que redobla sus llamamientos a la manifestación del próximo 4 de noviembre en Bilbao. Vox, promotor del recurso, en cambio, celebra lo que considera «un nuevo varapalo judicial a una política lingüística que se sustenta en la imposición del euskera y la discriminación del castellano».