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Juan Carlos Campo y Laura Díez.

Sánchez lleva al Constitucional al exministro de Justicia que lideró los indultos del procés

El Consejo de Ministros designa a Juan Carlos Campo y Laura Díez para ocupar dos de las cuatro plazas que hay que renovar en el tribunal de garantías

adolfo lorente | paula de las heras

Martes, 29 de noviembre 2022, 07:03

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En aquella revolución gubernamental de 2021, el relevo de Juan Carlos Campo al frente del Ministerio de Justicia fue uno de los grandes shocks de una traumática jornada. Pedro Sánchez decidió prescindir de todos sus fieles, entre ellos Carmen Calvo e Iván Redondo, para dar un giro a la legislatura. Pero el caso de Campo fue especialmente chocante. No es que no se lo esperase, es que lo consideraba injusto después de hacer el 'trabajo sucio' que supuso liderar los polémicos indultos a los presos del procés.

Ahora Sánchez le recompensará proponiéndole para ocupar una de las vacantes del Tribunal Constitucional. Lo hará en un Consejo de Ministros que también elegirá a Laura Díez, catedrática de Derecho Constitucional y ex directora general de Asuntos Constitucionales en La Moncloa hasta hace seis meses.

La decisión supone además el enésimo pulso del Gobierno con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que sigue bloqueando esta renovación al no llegar a un acuerdo en la elección de los dos magistrados que le tocan a él. La división entre conservadores y progresistas es notoria y parece que insalvable.

El Gobierno se ha cansado de esperar al CGPJ (su plazo para elegir a dos candidatos expiró a principios de septiembre) y ha decidido mover ficha. El problema son las dudas legales que existen en torno a este movimiento.

Y es que la renovación del Tribunal Constitucional debe hacerse por cuartos, no por sextos. Es decir, que la propuesta de estos cuatro relevos debería hacerse en pack, no los dos del Gobierno por un lado y los dos del Poder Judicial por el otro.

Sin embargo, Sánchez tiene claro que no va a esperar más, sabedor de la relevancia que supone el cambio de mayorías en el tribunal de garantías. Ahora es conservadora, cuando se consume esta renovación, pasará a ser progresista, de ahí que La Moncloa considere que el veto del CGPJ a la propuesta tiene claras connotaciones políticas.

Es la segunda ocasión en la que el presidente Sánchez coloca a un miembro o exmiembro de su gabinete en una institución del Estado. La anterior fue la polémica designación de la también ministra de Justicia Dolores Delgado al frente de la Fiscalía General del Estado. El pacto fallido por la Justicia en el que durante más de tres semanas estuvieron trabajando los dos principales colaboradores de el jefe del Ejecutivo y el líder de la oposición, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, y el vicesecretario institucional del PP, Esteban González Pons, habría supuesto un obstáculo para este tipo de operación. Pero nunca vio la luz.

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