Sánchez escenifica la derrota de ETA con la destrucción de 1.400 armas en un polémico acto

Pedro Sánchez apeló este jueves a la lucha contra «la desmemoria», a mantener viva la «dignidad» de las víctimas y a «arrojar luz sobre los crímenes sin resolver de ETA» en un acto en el que se destruyeron alrededor de 1.400 armas usadas por diversos grupos terroristas y que estuvo marcado por la polémica. Los principales colectivos de damnificados se desmarcaron, no acudió ninguno de los expresidentes del Gobierno que combatieron a ETA ni tampoco el resto de formaciones políticas. El Ejecutivo vasco estuvo representado por la vicelehendakari, Idoia Mendia.

El acto se celebró en el Colegio de Guardias Jóvenes Duque de Ahumada de la Guardia Civil, en la localidad madrileña de Valdemoro, organizado por el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. Se trataba de 1.377 armas y una veintena de piezas que fueron intervenidas sobre todo a ETA y los Grapo en operaciones policiales desarrolladas en España. Su destrucción fue autorizada por la Audiencia Nacional en septiembre de 2016. Quedaban fuera las que están sometidas a procedimiento judicial y las entregadas por las autoridades francesas en febrero de 2018. Las armas fueron colocadas en el suelo en tres hileras cubiertas por lonas blancas, que fueron descubiertas por varias víctimas y miembros de las fuerzas de seguridad. Luego pasó una apisonadora y las trituró.

Acompañado por varios ministros del PSOE -tampoco asistió ninguno de Podemos-, Sánchez presentó la ceremonia como una especie de certificado de defunción de ETA casi tres años después de su disolución. Porque según el «simbolismo clásico», afirmó el presidente del Gobierno, «quien entrega las armas acepta la derrota» y por eso con su destrucción «se levanta acta» de la victoria del Estado contra el terrorismo etarra. Hubo un recuerdo a las víctimas del terrorismo, a su «humanidad», a la necesidad de impartir «justicia» y a la memoria.

Sánchez subrayó que «no debemos» ni «podemos olvidar», y que por eso también es necesario aclarar los más de 300 atentados cometidos por ETA que están sin resolver. «Las víctimas por desgracia seguirán siendo víctimas de esta sinrazón», subrayó el presidente. «No contaban con la firmeza y resistencia ciudadana. La memoria no pertenece a los terroristas», señaló el jefe del Ejecutivo.

En una línea similar se había expresado minutos antes el presidente del Memorial. Florencio Domínguez afirmó que las armas son elementos «de alta carga simbólica y política» para los terroristas y que su destrucción «refleja de forma visual la derrota de las organizaciones que tanto daño han causado».

Pero esos mensajes chocaron con el poco entusiasmo que generó el acto entre diferentes colectivos políticos y sociales. Acudieron representantes del Poder Judicial, de las Fuerzas de Seguridad del Estado, de la Ertzaintza y de los Mossos. De hecho, a la cita fue el mayor Josep Lluis Trapero, restituido en el cargo a finales del año pasado tras ser absuelto por la Audiencia Nacional de los delitos de sedición y desobediencia de los que estaba acusado. Pero ahí se acabó el consenso.

El líder del PP, Pablo Casado, lo calificó como un acto de «propaganda» y recordó los pactos que ha firmado Sánchez con Bildu y los acercamientos de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco, Ciudadanos habló de «show» y las principales asociaciones de víctimas también se desmarcaron o al menos mostraron su malestar con Sánchez.

Sin ir más lejos, la presidenta de la AVT, Maite Araluce, se dirigió al presidente al acabar la destrucción del arsenal y le dijo: «Las armas destruidas son las que utilizaban los etarras a los que usted beneficia».

Covite ni tan siquiera fue porque, en su opinión, la celebración de este tipo de actos «propagandísticos» buscan ocultar el «rotundo fracaso» del Estado de derecho con las víctimas. «¿Cómo vamos a ir a un acto público en el que se destruyen las armas con las que han asesinado a nuestros familiares? ¿De verdad alguien cree que esto es motivo de celebración?», se preguntó Consuelo Ordóñez. Tampoco asistió Dignidad y Justicia al considerar que el Gobierno busca «tapar el abandono, humillación y traición a los que tiene sometidas a las víctimas del terrorismo».