Sánchez afronta una intensa agenda legislativa que pondrá a prueba su alianza con PNV y ERC

Y el calendario legislativo que maneja el Gobierno no pone las cosas fáciles. El listón que se ha marcado el Ejecutivo es algo más que ambicioso: más de una norma al día en 2022, entre leyes (92, once orgánicas y 81 ordinarias), resoluciones derivadas del plan de recuperación (60) y reales decretos leyes (276). Una hiperactividad legislativa concebida como autopista hacia el triunfo electoral en las próximas generales pero que, a la luz del giro de los acontecimientos, puede convertirse en un auténtico infierno para el Gobierno. «Yo si fuera Sánchez me tentaría la ropa a la hora de enviar proyectos al Congreso», advierte un dirigente nacionalista.

Los avisos de los socios están siendo muy elocuentes. No solo por el rechazo frontal que han suscitado textos como la controvertida Ley Audiovisual, que ERC peleó a cambio de su apoyo presupuestario, y que el PNV acaba de enmendar a la totalidad. Es cierto que Sabin Etxea ya había avanzado su oposición a una norma en la que aprecia una «recentralización inaceptable» y falta de «consideración» hacia el euskera y el resto de lenguas cooficiales del Estado. «No tiene nada que ver con la reforma laboral. Nuestra posición era muy clara y habríamos presentado la enmienda exactamente igual», puntualizan en el EBB, que confía en que se recupere la «normalidad» y el buen tono de la relación con el Ejecutivo.

El 'quid' de la cuestión está sobre todo en la insistencia de sus dirigentes en recordar al Gobierno que habrá leyes que les darán «problemas» y les obligarán a «esforzarse» especialmente con los socios. Así se expresó el martes el portavoz en la Cámara baja, Aitor Esteban, pero el mismo aviso ya lo había lanzado Ortuzar y, antes que él, el burukide Koldo Mediavilla. Ayer mismo, la presidenta del PNV vizcaíno, Itxaso Atutxa, insistía: «Se están elaborando muchas leyes ahora en el Congreso y necesitarán de los votos de otros. Deberán ver si cumplen los acuerdos con aquellos partidos que somos tan preferentes, porque necesitan mayorías», remachó. «El camino es largo y aún quedan dos años de legislatura», añadió, muy expresiva.

En el mismo saco entraría la Ley de Vivienda, que Sánchez mencionó ayer en una entrevista en 'eldiario.es' como uno de sus objetivos prioritarios -«la primera en la historia de la democracia», se jactó-, pero que sin embargo cuenta con el criterio en contra del CGPJ, al detectar en el texto invasión de competencias autonómicas. La Ley de Servicios Sociales amenaza con provocar una controversia parecida, al proyectar una cartera de prestaciones dependientes del Gobierno central que ya gestionan las autonomías. Normas que, dado su sesgo izquierdista, tampoco tendrán fácil concitar mayorías asociadas a la llamada 'vía Ciudadanos'.

Traducido, los socios nacionalistas elevan el listón de la exigencia y encarecen el precio de su apoyo, conscientes del alambre numérico en que se mueve el Gobierno y con la mosca detrás de la oreja respecto a un posible adelanto electoral a marzo u octubre de 2023. ERC, por su parte, ya ha dejado caer que a partir de ahora exigirá garantías por escrito de los acuerdo. En ese contexto, las fotos impulsadas por Moncloa -la encomienda de gestión del TAV, la inminente firma del IMV en la Comisión Mixta, la convocatoria del foro bilateral Generalitat-Estado- no se antojan suficientes para aplacar a los socios.

Sánchez, además, ya ha dejado caer, para mayor inquietud de los nacionalistas, que seguirá ensayando la geometría variable que ha permitido aprobar, por ejemplo, la ley del IMV -que puso de acuerdo a PNV, ERC y Cs pero contó con la abstención de Bildu-, la primera pata de la reforma de las pensiones (en este caso, funcionó el bloque de investidura pero los naranjas se quedaron fuera) o la ley de eutanasia, a la que solo se opusieron PP, Vox y UPN.

Una manera de ver la botella medio llena que obvia, sin embargo, el desgaste permanente que el exigente calendario legislativo ejercerá también sobre la coalición. Las jornadas que ayer celebró Podemos para apostillar la ley de Memoria Democrática, sus objeciones en la de Seguridad Ciudadana o su ofensiva fiscal son solo aperitivos de lo que puede estar por venir cuando toque negociar la ampliación del cómputo de las pensiones o los Presupuestos para 2023.