«No saber destroza a una víctima»

De los 853 crímenes cometidos por ETA a lo largo de su medio siglo de historia, se calcula que 311 permanecen a día de hoy sin resolver. Y de ellos, el 81% -252- se cometieron en Euskadi. Estos datos se recogen en el documento 'El derecho a la verdad de las víctimas del terrorismo' que el Gobierno vasco registró el pasado miércoles en el Parlamento. Se trata de una iniciativa elaborada en colaboración con la AVT cuyo objetivo es resarcir a los damnificados que siguen esperando Justicia, con el foco puesto en aquellos casos que, debido al tiempo transcurrido, resulte «improbable» su esclarecimiento. Cabe señalar que muchos atentados -se desconoce la cifra- han prescrito.

El documento, fruto de casi un año de trabajo, ofrece «una radiografía» de la situación procesal de los crímenes de ETA en Euskadi. Según se recoge en sus sesenta páginas, la banda terrorista asesinó a 572 personas en Euskadi -316 en Gipuzkoa, 212 en Bizkaia y 44 en Álava-. En 252 de esos casos el autor material no ha sido condenado. Un total de 66 expedientes cuentan con algún fallo relacionado con el atentado -por ejemplo, colaboradores necesarios-, mientras que 186 casos no llevan aparejada ninguna sentencia judicial. 43 fueron amnistiados con la ley de 1977. A modo comparativo, se da la circunstancia de que el 81% del total de crímenes de ETA sin esclarecer, cuya cifra actual asciende a 311, se cometieron en el País Vasco.

«El porcentaje de los atentados sin resolver es mayor en los años en los que ETA mataba más (entre los 70 y 90). Pero no es solo una cuestión proporcional. Las Fuerzas de Seguridad tenían que enterrar a sus compañeros, investigar sus asesinatos y protegerse para no convertirse ellos también en víctimas. Eso puede influir a la hora de recabar pruebas, como también el hecho de que los medios que existían entonces eran muy limitados en comparación con los de ahora», explica Carmen Ladrón de Guevara. Integrante del departamento jurídico de la AVT y letrada en casos de terrorismo en la Audiencia Nacional desde hace más de diez años, es la autora del informe presentado por el Ejecutivo autónomo.

Para la creación de esta base -dado que no existe una cifra única- se han tenido en cuenta los datos que figuran en los archivos del Ministerio del Interior y del propio Gobierno vasco. Pero también los que recogen dos publicaciones «sobre la materia de probada solvencia» -'Vidas rotas' e 'Historia de un desafío'-, los que figuran en el Informe Foronda y, por último, los casos que cuentan con resolución judicial en la Audiencia Nacional. «Hemos considerado como víctima mortal de ETA a aquellas que son reconocidas como tal en, al menos, tres de esas fuentes», explica Ladrón de Guevara.

El Gobierno vasco, impulsor de esta iniciativa, y la AVT son conscientes del «alto porcentaje» de víctimas de ETA que «no han sido reparadas desde el punto de vista de la justicia efectiva». Para contribuir al «derecho a la verdad», el Ejecutivo de Iñigo Urkullu «posibilitará» a los damnificados «un conocimiento pleno y lo más completo posible de las circunstancias que rodearon los diferentes atentados terroristas, las personas que participaron en ellos y su motivación». Enviará, en este sentido, un documento oficial a las familias de todas las personas que ETA asesinó en Euskadi cuyos crímenes permanecen sin esclarecer en el que se incluirá «el relato» sobre su caso particular. «Se comenzará con aquellos atentados en los que sea prácticamente imposible su resolución judicial, dado el tiempo transcurrido», precisan. El Gobierno vasco recopilará los datos que se recogen en las resoluciones dictadas por la Audiencia Nacional -encargada de enjuiciar los delitos de terrorismo desde su formación en 1977-, y los «completará» con «la verdad histórica» dispersa en distintas publicaciones.

En el documento que la Secretaría de Convivencia registró en la Cámara vasca para conocimiento de los grupos se incluyen, a modo de ejemplo, tres casos concretos. Se trata de los asesinatos del guardia civil José Antonio Pardines, primera víctima mortal de ETA, sujeto a la amnistía del 77; el policía Joaquín Ramos, asesinado en Vitoria en el 78 -no esclarecido-, y Antonio Hernández, escolta del que fuera presidente de la Diputación de Bizkaia en 1977 Augusto Guillermo Unceta.

«Cuando empecé a trabajar con víctimas del terrorismo me sorprendió que algunas carecían de información alguna. Ni siquiera sabían si existía un sumario o si su caso se había investigado», lamenta la letrada de la AVT. La falta de justicia agrava esa victimización. «No saber quiénes fueron te destroza. No descansan. Una sentencia les da sensación de alivio», reconoce Carmen Ladrón de Guevara. A raíz de la disolución de ETA, recibió durante varias semanas multitud de llamadas telefónicas: «¿Eso quiere decir que ya no vamos a conseguir llegar a juicio?», le preguntaron.

Junto al «dossier» de cada atentado, el Gobierno vasco hará llegar también a los damnificados el reconocimiento «personalizado» de «la injusticia radical e injustificada sufrida» como consecuencia del «terrorismo de ETA». «Si no pueden tener reproche penal, por lo menos que lo tengan a nivel institucional y social. Lo peor que le puede pasar a una víctima es que, además de carecer de una justicia efectiva, se olviden de ella», remarca la letrada.

El Gobierno vasco tratará de «impulsar mecanismos de cooperación» tanto con la Oficina de Atención a Víctimas del Terrorismo de la Audiencia Nacional, como con los archivos militares correspondientes para tener acceso a sus expedientes. «La idea es seguir recopilando información para entregársela a las familias a lo largo de los próximos años».

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