Reserva de suelo público y menos burocracia

Uno de los cambios hace referencia al porcentaje de VPO que deberá incluir cada nuevo proyecto. Ahora mismo el 75% de los pisos que forman parte de cada promoción que empieza a ejecutarse deben estar calificados como públicos, con lo que eso supone, en la limitación de precio, un baremo que está retrayendo a las constructoras. No les salen los números con ese cupo de vivienda libre así que el plan de choque autoriza a reducir el porcentaje de VPO hasta el 60%. La decisión la tendrán que tomar los ayuntamientos y de saque no gusta a todo el mundo. EH Bildu, principal fuerza local con 107 alcaldías en Euskadi, ya se ha mostrado en contra. El Departamento de Vivienda calcula que en Euskadi hay suelos paralizados por distintos motivos en los que se podría levantar hasta 75.000 pisos protegidos.

Se facilitará la creación de una reserva estratégica de suelo para viviendas de protección pública, con la cesión gratuita del 15% de los aprovechamientos de los suelos públicos a las administraciones y con mecanismos para compartir los aprovechamientos de suelos residenciales privados (10% para el ayuntamiento y 5% para el Gobierno vasco)

Entre la batería de medidas propuestas aparece la de agilizar la concesión de licencias urbanísticas para iniciar la ejecución de nuevas promociones. Entre los «mecanismos que ayuden a aligerar plazos» aparece la nueva figura del «silencio administrativo positivo».

La Ley de Medidas Urgentes apuesta por allanar el camino para la segregación de pisos de gran tamaño y la reconversión de lonjas en vivienda y la intervención en los municipios que sean declarados zonas tensionadas. En estas localidades se suspenderá la emisión de licencias para pisos turísticos. Además, se crea un régimen sancionador para multar como infracción grave a los propietarios que apliquen alquileres por encima de los topes que marca la normativa para estos casos.

Se permitirá a las administraciones y empresas públicas contratar promociones de vivienda protegida y alojamientos dotacionales por el procedimiento de urgencia y de forma conjunta la elaboración del proyecto y la ejecución de las obras.

La competencia para la Evaluación Ambiental Estratégica Simplificada de los planes de desarrollo residencial se atribuirá a los ayuntamientos de más de 7.000 habitantes que así lo estimen, y se reducirán los plazos para la elaboración de los informes ambientales en actuaciones con vivienda protegida.