«Reformar el Estatuto solo con la visión de una parte de la sociedad ya es un déficit»

– Todo apunta a que el Tribunal de Estrasburgo volverá a asestar un varapalo a la Justicia española al fallar a favor de que los presos de ETA resten a sus condenas los años purgados en cárceles de Francia. ¿Tiene sentido el hecho de no poder ser condenado en dos países miembros de la UE por un mismo delito?

– Tiene todo el sentido. Se te acumulan los cumplimientos de pena, de igual manera que si se hubiera cumplido esa misma condena en un centro penitenciario de España. La UE lleva muchos años trabajando en el horizonte de la unificación de los códigos penales. Esa unificación probablemente nunca podrá dar lugar a un código penal europeo, pero sí se quiere que los códigos penales de los países miembros sean homogéneos en el tratamiento de determinados delitos y en la fase de ejecución de las sentencias. Desde esa perspectiva, nadie debiera de preocuparse.

– ¿No cree que daña la imagen de la Justicia española?

– Yo creo que no. O no debiera. Con la 'doctrina Parot', la aplicación de la sentencia por parte de la Audiencia Nacional fue ejemplar. Y eso que también interpelaba al tribunal Constitucional. En términos de la Europa del derecho, el que haya distintas cortes judiciales es una mayor garantía de los derechos de los ciudadanos. Los jueces recibimos bien este tipo de cuestiones, aunque siempre pensamos que se ha equivocado el superior. La regla del juego está en que cada uno cumple con su función.

– La izquierda abertzale ha llegado a hablar de los «abusos de la Justicia».

– No. Hay que subrayar que en este caso de lo que estamos hablando es de si se puede aplicar esta acumulación de penas solo a las sentencias dictadas a partir de 2015. No es la Justicia la que está en un brete. Es el legislador el que determinó dicha fecha (el PP introdujo en el Senado una modificación en el texto, según la cual esa decisión marco de la UE no sería aplicable para aquellas sentencias anteriores al 15 de agosto de 2015). Antes de que el legislador adoptara esa decisión, el Tribunal Supremo aplicó directamente la normativa marco de la UE y fijó una interpretación de acumulación de penas, que es la que defienden ahora quienes están litigando en Estrasburgo. La elección de 2015 es lo que se dirime. Si el Tribunal Europeo llegara a decir 'oiga, a esta persona se le ha mantenido más tiempo en prisión de lo debido', eso tendría que llamar a reflexión.

– Habría que resarcirle...

– Sí, claro, indemnizatoriamente.

– ¿Entiende la preocupación de las víctimas ante la posibilidad de que salga a la calle un elevado número de etarras, entre ellos, varios históricos?

– No creo que sea propio de un buen ciudadano desear que alguien esté en prisión más tiempo de lo que le corresponda de pena. Otra cosa distinta es constatar que no haya habido un reconocimiento del daño causado. Yahí es verdad que la pena no ha cumplido con los preceptos que quiere la Constitución. No hablamos de volver demócrata a quien no lo es, sino de que exista una reinserción social. En términos estadísticos, la mayoría de los condenados por terrorismo no llegan a reconocer el daño causado. Entiendo el sentimiento de las víctimas, pero tengo que decir que la solución no es prolongar la condena más allá de lo previsto en la ley.

– ¿Cree que la propuesta del nuevo Estatuto podría salir en condiciones con los únicos respaldos de PNV y EH Bildu?

– Creo que lo importante es que si no han podido alcanzar un consenso más allá de estas dos fuerzas políticas es porque una buena parte de la población no está de acuerdo con el sesgo identitario que se le quiere dar. El Estatuto de autonomía forma parte del bloque de la constitucionalidad y la idea de un consenso transversal no es gratuita. Va a ser la norma de convivencia de todos, luego si se inicia con un acuerdo que se proyecta solo con la visión de una parte de la sociedad, ya es un déficit.

– Hay quienes han llegado a calificar el contenido de la propuesta como un 'plan Ibarretxe 2'.

– Quiero pensar que las personas aprendemos de nuestros propios errores.

– ¿Qué opinión le merece la distinción que se hace entre ciudadanía y nacionalidad?

– La distinción entre ciudadanos y nacionales me parece muy difícil de entender y, por tanto, muy arriesgada en el peor sentido de la palabra. En este momento en Europa el principio de nacionalidad sirve para identificar a los ciudadanos de cada Estado y si resulta que no es eso lo que quieres identificar porque va a haber unos ciudadanos en territorio español que no sean nacionales... Y no porque no sean españoles, sino porque no sean nacionales vascos... Yo estaré siempre en contra de esa distinción, como ciudadano, como jurista y como demócrata.

– PNV y EH Bildu aseguran que todos los ciudadanos tendrían los mismos derechos. Entonces, ¿para qué esa diferencia?

– Cuando se distingue es para definir contenidos distintos. Ahí no nos tenemos que engañar. Una noción de ciudadanía en cualquiera de los estados miembros que no se corresponda con la de nacionalidad es una manera de designar a la persona extranjera.

– La propuesta habla de un consejo del poder judicial vasco.

– El gobierno del poder judicial no es disponible para el Estatuto de autonomía porque las transferencias que se dan son las máximas que permite la Constitución. Y están ya transferidas. Otra cosa es si puede haber un sistema de Justicia en España que sea confederal. Es decir, que haya tantos tribunales supremos como comunidades autónomas. Pero eso requeriría una Constitución confederal. No la tenemos y no parece que en el horizonte esté esa idea. Por tanto, esa propuesta no tiene viabilidad en el actual sistema.

– ¿Ve factible una modificación de la Constitución?

– El Estado de las autonomías hacia donde camina es hacia la federalización, no hacia la confederalización. Y en un Estado federal siempre hay un Tribunal Supremo que es el que unifica doctrina. En cualquier caso, lo que sí que hemos aprendido del caso catalán es que la Constitución no se modifica en los estatutos de autonomía.

– Hablando de Cataluña, ¿puede la Justicia acabar con el problema catalán?

– Los jueces estamos comprometidos en hacer guardar la Constitución. Pero eso no es solucionar problemas...

– ¿Se ha puesto sobre los hombros de los jueces una responsabilidad que corresponde a los políticos?

– Sí. Los jueces no controlan al Parlamento. Si las normas que emanan de este último están viciadas de inconstitucionalidad, es el Tribunal Constitucional el que tiene potestad para decidir. Luego es a los tribunales de las comunidades autónomas a quienes les corresponde castigar. Y ahí es donde nuestras espaldas sufren más. Puede darse un clima, más que de recelos, de oposición por parte de personas que desconocen el ordenamiento jurídico. Esa función es muy penosa. Ocurrió en el País Vasco y ahora está ocurriendo en Cataluña. No solo se traslada a la gente que no opera el imperio de la ley, lo que genera un efecto deslegitimador, sino que se resienten las relaciones institucionales. En este caso, me consta que esa relación con la Generalitat es ahora más frágil.

– ¿Qué le ha parecido la situación vivida con el juez Llarena?

– Le conozco. Sobre todo conozco a su padre porque siendo abogado trabajé en su despacho cuando hacía el servicio militar en Burgos. Con lo cual, me une una relación de afectividad. Eso lo quiero decir por delante. El juez Llarena no es quien ha definido la acusación, es el instructor. Lo que ha determinado es que existen indicios para que se vea la causa ante un tribunal. Él no ha juzgado. Lo que hizo el juez Llarena es lo que hace un buen juez instructor. Para quienes quieran saber lo que es el modelo un juez instructor, que no vayan a la novela negra, que se vayan a la obra 'Crimen y Castigo'.

– ¿Debía el Gobierno de Pedro Sánchez haberle apoyado desde un principio ante la demanda civil en Bélgica?

– La forma en la que se articuló esa demanda tenía como soporte unas manifestaciones del juez fuera de la justicia. Yclaro, cuando se nos demanda en esas circunstancias, no tenemos la cobertura del Gobierno. La cuestión es que después ya vio que el objetivo era denunciar la parcialidad del magistrado y de ahí pedir la nulidad de las actuaciones judiciales. La ministra de Justicia apreció esto un poco después, pero la rectificación fue inmediata. Además, luego se ha sabido que esta acción va a suponer un desembolso que nunca hubiera podido soportar el patrimonio de un juez obtenido en el ejercicio de su función, ya que van a ser unos 400.000 euros. Que el conjunto de esto no ha favorecido la imagen de la justicia en España y en Europa, pues sí.

– ¿Cómo valora que el PDeCAT y ERC pidieran a Pedro Sánchez en la negociación presupuestaria que los fiscales cambiaran las peticiones de pena para los políticos presos?

– Eso es una barbaridad. La Fiscalía tiene unos principios que determinan que sus criterios de actuación sean la imparcialidad y la autonomía. Existe una jerarquía, sí. El Gobierno lo que puede hacer es dirigirse a la Fiscalía para que promueva ante los tribunales las actuaciones pertinentes en orden a la defensa del interés público. Pero esto es otra cosa. En términos jurídicos no puede llegarse a un acuerdo político que determine la calificación jurídica que vaya a hacer el fiscal.