La prisión para Cerdán eleva la presión sobre los empresarios bajo sospecha

El cambio de paso del juez Leopoldo Puente y del fiscal sobre la situación personal del principal investigado, que ni mucho menos esperaba acabar en la cárcel madrileña de Soto del Real, supuso un mensaje claro a los otros ocho imputados en esta causa: el exministro de Transportes entre 2018 y 2021 José Luis Ábalos, su entonces asesor Koldo García y los cinco empresarios investigados por el presunto pago de 'mordidas' para recibir contratos de obra pública de este departamento, quienes están citados este viernes y el próximo lunes. Entre ellos figura Antxon Alonso Egurrola, vecino de Erandio y administrador de Servinabar, compañía con apenas nueve trabajadores y que iba de la mano de Acciona a muchas adjudicaciones. Santos Cerdán tenía el 45% de sus acciones.

La decisión de encarcelar al otrora 'número tres' del PSOE no tiene nada que ver con la que el juez instructor tomó solo una semana antes con respecto a Ábalos y a Koldo, quienes siguieron en libertad provisional a petición del mismo fiscal Luzón y pese a que las acusaciones populares, bajo la dirección letrada del Partido Popular, reclamaron también el ingreso en prisión de ambos.

Lejos quedan los motivos que llevaron al Supremo a abrir una investigación a Ábalos -en su condición de aforado como diputado nacional- para analizar las presuntas irregularidades de varios contratos adjudicados por Transportes a la empresa Soluciones de Gestión para la adquisición de mascarillas en plena pandemia.

Luego llegó la irrupción del empresario «conseguidor» de la red, Víctor de Aldama, y su acuerdo con Anticorrupción, que supuso su excarcelación tras pasar un mes en prisión por un millonario fraude fiscal en la gestión de hidrocarburos. Un pacto que permitió a los investigadores de la Guardia Civil pasar de los tapabocas al presunto amaño de obra pública, cuyo colofón llegó con la incorporación al sumario de las grabaciones realizadas durante años por Koldo a Ábalos y a Cerdán, halladas en los dispositivos electrónicos intervenidos en el registro de su vivienda en Alicante, en febrero de 2024.

Todos estos indicios quedaron reflejados en el demoledor informe de la UCO conocido el 12 de junio, que supuso la dimisión de Cerdán como 'número tres' del PSOE y la renuncia a su acta de diputado. Luego se escucharon los audios de Koldo y este lunes el investigado entró en prisión tras negar los indicios que le incriminan. Un cambio de postura del fiscal Luzón, secundado por el juez, que condiciona a partir de ahora las defensas del resto de imputados.

Los primeros en pasar por el Supremo serán este viernes los constructores José Ruz (Levantina) y los hermanos Antonio y Daniel Fernández (OPR). Y el lunes les seguirán dos pesos pesados del caso: Fernando Merino, exdelegado de Acciona en Navarra y País Vasco, y Antxon Alonso, vecino de Erandio y administrador único de Servinabar, la empresa que conecta a Cerdán, Koldo y Ábalos. Éste a través de su ONG Fiadelso.

La gran pregunta ahora es si Luzón mantendrá sobre estos presuntos corruptores su petición de prisión como hizo con el exdirigente socialista por riesgo de destrucción de pruebas. Y en la respuesta aparecen similitudes con respecto a Cerdán. Los investigadores ya analizan medio millar de cuentas vinculadas a estos empresarios en el marco de su informe patrimonial. Además, la UCO procedió recientemente al registro de sus sedes y sus viviendas. Sin embargo, a los cinco les salva que no aparecen por ahora en los audios de Koldo, el indicio sustancial de la causa mientras se investiga el rastro del dinero.