El presidente del Tribunal Superior carga contra el acuerdo estatutario entre PNV y Bildu

Urkullu, junto a Juan Luis Ibarra, Bakartxo Tejeria y Jesús Lloza./Efe
Urkullu, junto a Juan Luis Ibarra, Bakartxo Tejeria y Jesús Lloza. / Efe

Ibarra sitúa el derecho a decidir fuera de la Constitución en la apertura del año judicial

DAVID GUADILLA

El presidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco lanzó este miércoles una dura carga de profundidad contra las bases pactadas en el Parlamento vasco por el PNV y EH Bildu para reformar el Estatuto. Juan Luis Ibarra ha dirigido sus principales reproches a los pilares básicos del texto acordado por los nacionalistas. «La invocación de un derecho a decidir como fuente extraconstitucional resulta incompatible con el elemento constitutivo del Poder Judicial», ha afirmado el máximo responsable del TSJPV.

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No es la primera vez que Ibarra pone en duda la legalidad del contenido del documento aprobado por el PNV y EH Bildu. Un informe que ahora está siendo analizado por cinco juristas y que cuenta con el rechazo explícito de Podemos, PSE y PP. Pero hoy lo ha hecho en un marco y con unos testigos muy simbólicos. En la apertura del año judicial, ante una nutrida representación del ámbito político y a escasos metros del portavoz del Gobierno vasco y consejero Josu Erkoreka.

Para cuando Ibarra ha tomado la palabra, el lehendakari, que había intervenido minutos antes, había abandonado la sala donde se celebraba el acto dado que se tenía que desplazar hasta Vitoria para recibir a Quim Torra en Ajuria Enea. Sin la presencia de Iñigo Urkullu, el presidente del Tribunal Superior ha querido «alertar» sobre «la conjugación entre el principio de legalidad, el principio democrático y el llamado derecho a decidir» al que alude el texto aprobado por un «exiguo» acuerdo entre «dos grupos en el Parlamento vasco».

Voluntad popular

La propuesta, ha afirmado Ibarra, «equipara el principio democrático con la voluntad popular como único límite de las decisiones políticas». Y como «resultado de esta concepción», la ponencia sitúa la «fuente del nuevo haber competencial en la decisión política y no en la Constitución».

Según el presidente del TSJPV, de ahí se extraen «dos consecuencias». «La atribución a la mayoría política en el Parlamento de Vitoria de la competencia para diferenciar entre los ciudadanos vascos y quienes accedan a la nacionalidad» y una «autoatribución competencial, extramuros de la Constitución, de la creación de las instituciones del Poder Judicial de Euskadi».

En este sentido, Ibarra ha subrayado que la legitimidad del Poder Judicial recae en la Carta Magna, que la «invocación al derecho a decidir resulta incompatible» con la legalidad y que las afirmaciones dirigidas a legitimar decisiones «unilaterales con ese fundamento insuficiente tienen antecedentes radicalmente desacreditados en la historia europea del siglo XX».

 

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