Pradales apuntala el plan del PNV sin el PSE para blindar el euskera en las OPE

Hace un año, cuando jeltzales y socialistas negociaron el acuerdo de gobierno que permitió la investidura del propio Pradales y la constitución de un nuevo Gabinete de coalición, el blindaje legal del euskera ya estuvo sobre la mesa como respuesta a las sentencias que han tumbado requisitos lingüísticos en procesos selectivos. La falta de entendimiento, sin embargo, hizo que las partes optaran por evitar referencias expresas en el texto y se decantaran por contenidos más bien genéricos. Así, el Ejecutivo no adquiría el compromiso de impulsar reformas legales.

Pero el PNV, a nivel de partido, no se ha quedado quieto en estos doce meses. Cada vez más presionado por EH Bildu y la comunidad euskaltzale, ha querido hacer ver que se movía y que buscaba un acuerdo, primero con el PSE-EE y luego con el resto de formaciones, para dar una respuesta a la «ofensiva judicial». Las conversaciones con los socialistas alcanzaron un punto de bloqueo y, tras varios amagos y ultimátums, los jeltzales rompieron la baraja al lanzar una propuesta sin la firma de su socio de gobierno para reformar la Ley de Empleo Público.

La iniciativa, que plantea eliminar los índices de obligado cumplimiento y que sea cada administración la que fije el número de plazas perfiladas, trata de corregir el «talón de Aquiles» que estaría permitiendo los fallos judiciales en contra. Dicho de otra forma, incrementar la «seguridad jurídica» de los procesos selectivos y, según insiste el PNV, de los propios opositores que se presentan a ellos. Una «necesidad» en la que este lunes ha insistido Pradales en la primera reunión del Consejo Asesor del Euskera durante la presente legislatura.

El lehendakari, quien ha llevado a este foro su petición de un «esfuerzo coordinado y planificado con un amplio consenso» para la revitalización del euskera, no se ha referido explícitamente a la propuesta de su partido. Pero, ante las críticas del PSE-EE, que da por «incumplido» el acuerdo de gobierno tras una iniciativa «unilateral» de los jeltzales, ha recordado que el pacto de coalición incluye un compromiso para «garantizar el uso de la lengua oficial escogida por cada persona en todas las relaciones de la Administración pública vasca con la ciudadanía».

Por ahora, jeltzales y socialistas están tratando de que esta discrepancia se quede en el plano de los partidos y no afecte a la acción del Gobierno vasco. Pero lo cierto es que en las próximas semanas el Ejecutivo de coalición deberá emitir un criterio único acerca de la propuesta del PNV. Ocurre siempre que un grupo parlamentario presenta una proposición de ley: antes siquiera de votarse la admisión a trámite en el Legislativo, el Consejo de Gobierno tiene que remitir su posicionamiento. La reunión en la que se debata esta iniciativa, por tanto, servirá de termómetro para evaluar las relaciones.

Quienes ya han adelantado su postura al respecto son los dos principales sindicatos vascos, ambos en el mismo sentido. Tanto ELA como LAB rechazan de plano la reforma legal lanzada por el PNV: los primeros, porque consideran que «consolida la primacía del castellano»; y los segundos, porque auguran una mayor «inseguridad jurídica». Ambas centrales respaldan, por el contrario, la iniciativa presentada por EH Bildu, que propone hacer obligatorio el conocimiento del euskera por norma general para acceder a cualquier plaza pública y, a partir de ahí, permitir excepciones «de forma justificada y objetiva».