El PP lanza su propuesta para acordar la reforma fiscal «por responsabilidad» pese al portazo del PSE

La reforma fiscal que PNV y PSE-EE aspiran a sacar adelante en los tres territorios históricos se encamina hacia su fase final, ya que la semana que viene finaliza el plazo para que los grupos registren sus enmiendas ante las Juntas Generales. El foco se centra sobre todo en Álava y Gipuzkoa, donde jeltzales y socialistas no suman mayoría absoluta, por lo que necesitan un tercer socio. EH Bildu ya ha descartado su apoyo por «favorecer los intereses de las élites» y la vía de Elkarrekin Podemos parece muy difícil, así que el PP emerge como única opción.

Un acercamiento a los populares, sin embargo, genera incomodidad en el PSE-EE. Andueza, en una entrevista publicada en EL CORREO el pasado domingo, enterraba la opción de un pacto. «Si cierran puertas, ellos verán. Igual es que no quieren que haya reforma fiscal», ha respondido Iñaki Oyarzabal, presidente del PP alavés, quien ha comparecido en Bilbao junto al resto de portavoces en las Juntas, Raquel González (Bizkaia) y Mikel Lezama (Gipuzkoa). En su opinión, es «sorprendente» que los socialistas digan 'no' «sin esperar a conocer» la propuesta de los populares.

La formación presidida por Javier de Andrés ha lanzado una batería de medidas que, según Oyarzabal, pretenden «aliviar a las familias vascas, defender a las clases medias y trabajadoras, y hacer que la empresa vasca sea competitiva para que haya inversiones». En el IRPF, tal y como adelantó este periódico, el PP plantea una rebaja de tipos en todos los tramos, pero además pide una deflactación del 3,6% «para recuperar el poder adquisitivo» perdido por la inflación y elevar de 19.000 a 22.000 euros el mínimo exento para hacer la declaración de la renta.

En materia de vivienda, las enmiendas plantean subir el crédito fiscal por compra de 36.000 a 50.000 euros –incluso 55.000 para las familias numerosas– y bonificar el 100% a aquellos que alquilen un piso vacío a jóvenes de hasta 36 años. Pensando también en la juventud, en el ámbito de la natalidad se propone una nueva deducción de 1.600 euros por nacimiento de hijo, aumentar un 10% las ya existentes y ampliar tanto la de contratación de cuidadores (hasta los 12 años en vez de los 6) como la de reincorporación al trabajo tras una baja de maternidad (de 1.200 a 1.800 euros).

La propuesta del PP también supondría cambios en el Impuesto de Sociedades, aunque no en el tipo general que los populares ya lograron reducir del 28% al 24% en la anterior reforma, pactada en 2016. En esta ocasión, los conservadores reclaman «mejorar la tributación» para aquellas empresas que «reinviertan en el territorio» y elevar los límites para poder compensar pérdidas: una subida del 50% al 70% e incluso al 100% en el caso de las microempresas. Además, se plantea crear un estatuto del autónomo y el emprendedor, y la figura del defensor del contribuyente.