«Poner límites a la voluntad de la sociedad puede provocar problemas sociales»

- ¿Hasta qué punto ha cumplido la comisión de expertos la encomienda del Parlamento?

- Desde el punto de vista personal ha sido muy enriquecedor. El trabajo que se ha hecho, desde la posición de cada uno, puede ser importante para el futuro. Pero tengo una visión crítica del resultado.

- ¿Por qué?

- Nos dieron un mandato, que era redactar un texto acomodado a unas bases previamente pactadas por una comisión del Parlamento (se refiere al texto consensuado por el PNV y EH Bildu en 2018), pero en el documento final hay muchas cosas que son irreconocibles. A veces parece que las bases se ignoran e incluso hay artículos que contradicen lo pactado hace un año.

- ¿Se refiere a la parte más soberanista? ¿Al derecho a decidir?

- Con respecto al derecho a decidir hay un aspecto positivo: que hasta hace poco tiempo no había ninguna redacción legal que aludiese a él y ahora al menos hay tres (la suya, la de Arantxa Elizondo y la de Mikel Legarda). Desde esa perspectiva se puede decir que el derecho a decidir está, pero las diferencias son notables.

- ¿Se ha diluido en el texto presentado por el PNV, Podemos y PSE?

- Entre otras cuestiones, aparece en una disposición adicional, que no quiere decir que no tenga valor jurídico, pero sí que no tiene un encaje sistemático. Y para mí no tendría que ser así. Las bases nos indicaban que el derecho a decidir tenía que ser un principio troncal y transversal a lo largo de todo el texto.

- ¿Pero tiene sentido apostar por una reforma que no pasaría el corte en el Congreso? ¿No se generaría una mayor frustración?

- Esa es una cuestión que como técnicos no nos corresponde. Se nos dieron unas bases en las que se nos decía que se tenía que articular el derecho a decidir y a nosotros nos tocaba adecuar un texto a lo que decían dichas bases. Los parlamentarios que suscribieron aquellos principios sabían perfectamente lo que estaban haciendo y no nos pusieron ningún límite constitucional. Insisto, lo que nos dijeron fue: 'hacer un texto adecuado a estas bases. Y ese era nuestro trabajo. Y creo que la mayoría no lo ha hecho.

- Digamos que tenían un guión y que ahí n no se podían mover.

- Aquí hay tres partes. Ver si intelectualmente son planteables las soluciones que se han dado, si técnicamente es posible y si todo encaja, y luego, la última, analizar qué hay que cambiar para introducir todo esto en el ordenamiento jurídico. Y esta tercera cuestión corresponde al Parlamento. Lo que no tiene lógica es que se nos diga articular esto y luego la comisión de expertos se arrogue una legitimidad que no le corresponde y modifique esos criterios que nos ha dado el Parlamento. Una comisión técnica tiene que hacer un trabajo técnico y no modificar las bases que le han dado los parlamentarios.

- Siguiendo ese argumento, el que cambia de criterio es el representante del PNV, Mikel Legarda.

- Legarda cita el derecho a decidir, pero se somete a un pacto con el Estado. Y las bases nos indicaban que había que ir mucho más allá.

- ¿Siente que Legarda ha traicionado los principios que se pactaron en 2018?

- Lo que hay que hacer es preguntarse si las bases son reconocibles. Lo que se me hace muy difícil de comprender es intentar cumplir con las bases tal y como se aprobaron en el Parlamento y después no salirse del sistema autonómico. Eso era imposible.

- Y a su juicio lo que ha salido es un texto autonómico.

- Detrás del texto de Legarda hay un análisis: que es lo que tengo que hacer, ir a un texto que sea adecuado a las bases o a uno que sea una reforma del régimen autonómico sin modificar nada. Y por lo que he leído en su explicación de voto lo que ha hecho es decir que se va a ceñir a una reforma del Estatuto. Y es una lectura incorrecta.

- ¿Pero tiene cabida el derecho a decidir en la Constitución?

- Lo que es es evidente es que se le tiene que dar una solución. Lo que entiendo es que en el caso de que el derecho a decidir no cupiera en la Constitución habría que ampliar la disposición adicional o lo que sea. Es un debate que tiene su complejidad técnica. Pero si la voluntad popular se manifiesta en un determinado sentido, no queda más remedio que adecuar el ordenamiento jurídico a esa voluntad. Lo que no es sostenible es, en una situación en la que la mayoría de la ciudadanía quiere dar pasos hacia adelante, ir hacia una relación de igual a igual con el Estado o a una completamente diferente, poner límites. Eso es lo que puede provocar más problemas sociales.

- En el texto presentado por usted se incluye un preámbulo en el que se hace un recorrido histórico, se alude a las violencia de ETA, a las torturas... ¿Tiene sentido incluir eso en un futuro Estatuto?

- Lo que se ha hecho es seguir lo que decían bases, que tenían un preámbulo con ese recorrido histórico. Si las bases no hubieran hecho referencia a este recorrido histórico, yo hubiera sido más partidario de hacer una cosa muy breve. Hablar de las características del pueblo vasco, hablar de la diversidad, de los rasgos culturales diferenciados, de su carácter nacional...