La ponencia del Constitucional avala la 'ley trans', pero con modificaciones

La 'ley trans' se convirtió en una de las banderas políticas de Podemos durante su etapa en el Gobierno la pasada legislatura. Desde el Ministerio de Igualdad, conIrene Montero al frente, se impulsó un debate que se encontró con el rechazo de una parte importante del feminismo clásico, con la socialista Carmen Calvo como principal referente. La ley terminó por dividir e incendiar al movimiento feminista.

El principal motivo de polémica se refería a la denominada «autodeterminación de género». Bajo ese principio se establecía que una persona podía cambiar de nombre y sexo en el registro sólo con su voluntad, sin necesidad de presentar ningún informe médico. La normativa fue aprobada en el Congreso en febrero de 2023 en una votación que evidenció lo complejo del debate. A favor votaron grupos como PSOE, Podemos y Ciudadanos; en contra –por motivos muy diferentes– Vox y Bildu, mientras que el PP se abstuvo.

Dos años después, el texto impulsado por Campo rechaza el recurso del PP y avala en gran medida el texto normativo, aunque apuesta por introducir algunas variaciones, pero menores. En todo caso, la propuesta no habría convencido a buena parte del sector progresista, en especial a las magistradas María Luisa Balaguer e Inmaculada Montalbán, según diversos medios. Ese rechazo, en la práctica, podría introducir el texto de Campo en un callejón sin salida porque se da por hecho que tampoco contará con el apoyo de los conservadores.

Derecho a la intimidad

La cuestión está tan abierta que es probable que el debate se prolongue varios días y que se abra una negociación a diversas bandas entre los diferentes miembros del Constitucional para tratar de hallar una solución.O al menos, una minoría cualificada.

Campo, en su escrito, señala que la ley «no incurre en ninguno de los vicios de inconstitucionalidad que los recurrentes alegan» y que «las cautelas que introduce la ley son suficientes para preservar el principio de seguridad jurídica, máxime si tenemos en consideración la importancia secundaria que este adquiere frente a la garantía de la dignidad y el libre desarrollo de la personalidad de las personas trans y de su derecho a la intimidad personal».

En principio, la propuesta de Campo solo declararía como inconstitucionales dos apartados menores de la 'ley trans', referidos a las sanciones que se impondrían en caso de discriminación sexual.