Podemos exige que Tapia explique el 'caso Alfonso Arriola' en el Parlamento

El caso de Alfonso Arriola, uno de los condenados por la trama liderada por Alfonso de Miguel que sigue trabajando para el Gobierno vasco y cobrando 80.000 euros anuales, amenaza con convertirse en un problema de primer nivel para el Ejecutivo autonómico. Elkarrekin Podemos-IU quiere ahora que la consejera de Desarrollo Económico, Arantxa Tapia, comparezca en el Parlamento y dé explicaciones.

La tormenta alrededor de Arriola, exgerente del Parque Tecnológico de Miñano, surgió después de que EL CORREO desvelase el pasado miércoles que mantiene su relación contractual como técnico de contabilidad en la consejería de Tapia. El Tribunal Supremo fijó su condena en cuatro años de inhabilitación para cargos «en sociedades participadas por capital público» como cooperador de un delito de prevaricación administrativa. ElGabinete Urkullu ha interpretado, sin pedir «ninguna aclaración» a la Audiencia de Álava, que la pena no es aplicable a su actual puesto, por el que percibe 79.533,36 euros brutos al año.

Nada más hacerse pública la noticia, la oposición cargó contra el Gobierno y denunció que se «proteja» a un condenado por el 'caso De Miguel'. Los reproches llegaron incluso desde el PSE, socio de Gobierno, quien exigió «rigor» al PNV. «Debemos ser muy exigentes con este tipo de cuestiones porque esos comportamientos deben estar fuera de la política», señaló Eneko Andueza. Pero ayer Elkarrekin Podemos-IU fue un paso más allá y exigió que la consejera de Desarrollo Económico acuda al Parlamento a aclarar lo que ha ocurrido.

«Debe explicar por qué mantiene en nómina a una persona condenada por corrupción con sueldo de gerente y por qué no solicitan aclaración a la Audiencia de Álava», apuntó el secretario de Organización de Podemos, David Soto. El también parlamentario de la coalición morada afirmó que «el nivel de corrupción en las administraciones del PNV están llegando a un nivel inadmisible y no parece interesado en ponerle solución». «Es incomprensible que una persona condenada por prevaricación siga trabajando en la administración pública», añadió.

La petición de Elkarrekin Podemos-IU no significa que Tapia termine por comparecer en el Parlamento. La decisión final está en manos de la Mesa de la Cámara. El PNV y el PSE tienen mayoría, por lo que en la práctica podrían vetar su presencia. Algo que, en todo caso es improbable.

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