El PNV se une a Bildu en contra de las sentencias del euskera y abre otra grieta con el PSE

En un goteo que no parece terminar, la Justicia ha propinado en los últimos meses varios varapalos legales a las instituciones vascas por su política lingüística. En su mayoría son sentencias que han anulado exigencias en el nivel de euskera requerido por ayuntamientos y diputaciones a funcionarios o empleados de subcontratas. Pero también se han recortado, primero por el Constitucional y luego por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), varios preceptos de las normas que priorizan el uso del euskera respecto al castellano en el funcionamiento de los consistorios.

La reacción inmediata a esos fallos ya evidenció las divergencias entre PNV y PSE-EE. Si el lehendakari, Iñigo Urkullu, cargó contra la «falta de sensibilidad» de los jueces hacia el euskera, su socio minoritario le reprochó esas críticas y las llegó a comparar con las que hacía la ministra de Igualdad, Irene Montero, cuando los tribunales comenzaron a rebajar penas de delincuentes sexuales por un error en la 'ley del sólo sí es sí'. Con el paso de los días, y en vísperas de la manifestación de protesta que recorrerá el sábado las calles de Bilbao, los socios del Ejecutivo autonómico no han escondido sus posturas enfrentadas e incluso las han registrado ahora en el diario de sesiones en el Legislativo.

El pleno ordinario de este jueves debatía una moción presentada por EH Bildu en la que se proponía denunciar las sentencias «que se oponen de forma evidente no sólo a la revitalización del euskera sino también a un gran consenso social». El PNV, que inicialmente había presentado su propia enmienda con una marcada defensa de la ley municipal recortada, finalmente ha llegado a un entendimiento con la coalición soberanista para sacar adelante una resolución conjunta. El texto aprobado por 52 de los 75 parlamentarios es prácticamente el propuesto por los jeltzales pero se incluye la denuncia de la «ofensiva» judicial y el llamamiento a participar en la manifestación del sábado en Bilbao convocada por Kontseilua.

Con matices, los grupos acordantes han compartido argumentos desde la tribuna. Jasone Agirre (EH Bildu) ha denunciado una supuesta estrategia de 'lawfare' (guerra judicial), ha acusado a los jueces de «hacer política» con sus sentencias y se ha congratulado de que el pacto contribuya a «unir fuerzas contra la euskerafobia y el fascismo». Menos grueso en los términos, Aitor Urrutia (PNV) ha señalado la «preocupante judicialización» de cuestiones políticas, si bien ha empleado un tono diferente al que usó Urkullu: «Respetamos al Poder Judicial, reconocemos a los jueces, pero en función de nuestra libertad de expresión tenemos derecho a decir que no nos gusta. Eso no es presionar, es decir lo que uno piensa».

Las palabras del representante jeltzale han contrastado de forma ostensible con las del PSE-EE, que ha votado en contra de la iniciativa y ha apoyado sin éxito la suya propia. El parlamentario Alberto Alonso ha realizado una defensa cerrada del papel de los jueces «para que nadie se salte las reglas del juego» y ha cargado contra las «falacias» y lecturas «interesadas» sobre las sentencias. Se ha centrado sobre todo en las relativas a la exigencia de la lengua vasca en la función pública y ha ensalzado el papel de UGT y CC OO en defensa de los derechos laborales: «Otros sindicatos ponen los delirios de grandeza de sus líderes por delante de los derechos de los trabajadores».

Entre el resto de formaciones, Elkarrekin Podemos-IU, que se ha abstenido, también ha salido en defensa de los sindicatos y ha criticado que se les pretenda situar en una posición de «connivencia con la ultraderecha» por llevar cuestiones laborales a los tribunales. La coalición morada, eso sí, pide al Gobierno vasco que revise sus normas para «evitar la judicialización» porque, según Isabel González, «no es lícito penalizar a alguien con la pérdida de su empleo por el fracaso de las políticas lingüísticas». Por su parte, tanto el PP como Ciudadanos y Vox han votado en contra del acuerdo en una denuncia de la «imposición» del euskera frente a los derechos de los castellanohablantes.