PNV y PSE llevan al Gobierno vasco su choque por el plan para blindar el euskera en las OPE

Fue el pasado 21 de junio cuando el PNV, después de varios amagos y ultimátums, rompió la baraja y presentó en solitario una proposición de ley para tratar de incrementar la seguridad jurídica de los requisitos lingüísticos de las OPE ante la catarata de sentencias en contra. En concreto, planteó modificar la Ley de Empleo Público para establecer que sea cada administración la que determine «con máximo rigor» el porcentaje de plazas con exigencia del euskera y que no se apliquen, por el contrario, «determinaciones generales de índices de obligado cumplimiento».

Nada más presentarse, la propuesta fue duramente criticada por el PSE-EE, que no considera que se esté produciendo una «ofensiva judicial» contra el euskera y, por tanto, tampoco estima necesario hacer cambios legales. La formación de Eneko Andueza incluso acusó a su socio de «incumplir» el acuerdo de gobierno al registrar por su cuenta una propuesta que «no atiende ni al espíritu ni al contenido» del programa firmado hace un año. El desencuentro se quedó ahí, pero el necesario dictamen del Consejo de Gobierno –se debe posicionar siempre que un grupo presenta una proposición de ley– aventuraba un nuevo choque.

Tras la reunión de cada semana, que esta vez se ha adelantado del martes al lunes por motivo del Jaialdi de Boise que empieza el miércoles, la consejera portavoz, Maria Ubarretxena, ha informado del criterio positivo respecto al texto del PNV. Ha valorado que «mantiene el modelo actual basado en perfiles lingüísticos y fechas de preceptividad» y que realiza «una aportación muy concreta» para «reforzar la autonomía de cada institución». «Refuerza la capacidad de cada administración para adaptar la planificación lingüística a su realidad funcional y sociolingüística», ha aseverado.

Ubarretxena se ha limitado a informar del dictamen pero sin entrar en detalles. A su lado, el vicelehendakari segundo, el socialista Mikel Torres, ha sido posteriormente preguntado por su posicionamiento y ha sido entonces cuando ha aclarado que los cinco integrantes del PSE-EE se han abstenido. El consejero de Empleo ha señalado que no han votado en contra para «no obstaculizar el trámite parlamentario» e incluso ha dejado la puerta abierta a poder llegar a un acuerdo en el Legislativo, pero ha dejado claro que de entrada no comparten «en absoluto» la iniciativa de sus compañeros de gobierno.

El Ejecutivo autonómico también ha evaluado la proposición de ley presentada por EH Bildu, que va mucho más allá y plantea que se exija el conocimiento del euskera por regla general en el acceso a toda plaza pública salvo excepciones «justificadas». En este caso, el Gabinete de PNV y PSE-EE se ha expresado en contra porque su aplicación conllevaría «una pérdida de la proporcionalidad que exige reiteradamente la jurisprudencia». Lakua considera que ese plan rebajaría aún más la «seguridad jurídica», precisamente lo que se trata de incrementar con la reforma legal a debate.