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Una sensación compartida de alivio ha recorrido la sala de reuniones de Sabin Etxea en la que este lunes, apenas quince minutos después de que ... concluyera la comparecencia de Pedro Sánchez, se han visto las caras por primera vez los equipos negociadores de PNV y PSE-EE. Ninguna de las dos partes quería que la incertidumbre sobre el futuro de la legislatura nacional impactara en unas conversaciones que pretenden desembocar en un «Gobierno sólido» que aporte «estabilidad, bienestar y progreso» a Euskadi para los próximos cuatro años. Así que, librado ese obstáculo, unos y otros se han remangado y se han puesto manos a la obra.
En puridad, el encuentro, llevado a cabo ocho días después de las elecciones autonómicas, ha servido más para la escenificación de su «disposición» que para el entendimiento en sí mismo. Una primera toma de contacto de sólo una hora de duración en la que, además de compartir impresiones sobre la efervescente política nacional, sendas delegaciones se han puesto de acuerdo en un «plan de trabajo» para las próximas semanas. La intención es avanzar «con discreción» en su tercer pacto de coalición consecutivo para que el nuevo Gobierno vasco eche a andar en la segunda quincena de junio.
Lo primero, según han abordado los negociadores –por el PNV, Andoni Ortuzar, Imanol Pradales, Joseba Aurrekoetxea y Bakartxo Tejeria; y por el PSE-EE, Eneko Andueza, Miguel Ángel Morales y Begoña Gil–, es poner en marcha la legislatura con la constitución del Parlamento vasco. Los plazos empiezan a correr cuando un tercio de los parlamentarios (25 de 75) entregan su acreditación. Los 27 jeltzales lo harán el próximo lunes y los 12 socialistas, un día más tarde. De esta manera, la primera sesión se podrá celebrar en la semana del 13 de mayo o, a más tardar, en la del 20. En todo caso, antes de que empiece la campaña para las elecciones europeas el día 24.
Previsiblemente será justo después de esa cita con las urnas cuando PNV y PSE-EE sellen su entendimiento y activen el proceso de investidura de Imanol Pradales como nuevo lehendakari gracias a la plácida mayoría absoluta que suman entre los dos. Pero, para ello, primero deberán poner negro sobre blanco su acuerdo de gobierno, la hoja de ruta para el Ejecutivo de coalición que aspiran a reeditar. Se basarán en los documentos ya suscritos en 2016 y 2020, aunque esta vez tendrán que hilar todavía más fino en campos que marcaron la campaña del 21-A como Osakidetza y vivienda. No hay que olvidar que son dos de los temas que más preocupan a la ciudadanía vasca, según coinciden todas las encuestas.
La vivienda es, de hecho, uno de los asuntos que mayor batalla ideológica ha causado entre los socios en los últimos tiempos. A finales de febrero, en plena precampaña, el Gobierno vasco presentó un recurso contra la ley nacional en vigor ante el Tribunal Constitucional. Lo hizo con el rechazo explícito de los socialistas y bajo el argumento de una vulneración de competencias autonómicas que también contemplan varias comunidades gobernadas por el PP e incluso Cataluña, en manos de una ERC que paradójicamente apoyó aquella iniciativa impulsada por Sánchez.
A la espera de ver cómo se plasma en el acuerdo, PNV y PSE-EE parecen haber encontrado un nexo para salvar las discrepancias. El domingo, en una entrevista en EL CORREO, Ortuzar hablaba de tomar como «punto de encuentro» la ley vasca de vivienda. Y este lunes, minutos después de la reunión, Andueza recogía el guante. «Es un punto de partida que nos puede llevar a un acuerdo», ha reconocido el líder socialista, no sin obviar que el PNV se opuso rotundamente a aquella norma, aprobada en 2015, durante el primer mandato de Iñigo Urkullu, con los votos de EH Bildu, PSE-EE y UPyD.
Casi una década después, los nacionalistas, pese a conservar importantes reticencias respecto a aquel texto, sí asumen al menos que la ley ha tenido «un buen desarrollo» y ha permitido situar a Euskadi a la cabeza en indicadores como la construcción de vivienda protegida. Además, la existencia de una norma autonómica –en su día pionera al reconocer el derecho subjetivo– aporta al PNV, pese a su rechazo entonces, el argumento de la defensa de las competencias vascas, precisamente el mismo que ha esgrimido para recurrir la norma nacional ante el Constitucional.
Resolver las diferencias en parcelas como ésta –también en sanidad, educación y autogobierno, entre otras– será el paso previo al reparto de carteras en el Gabinete Pradales, un extremo que «no se ha abordado» en la reunión de este lunes, según ambas partes. Los jeltzales, que perdieron cuatro escaños en los comicios, asumen que deberán conceder más peso a los socialistas, que ganaron dos, aunque evitan hablar por ahora de un eventual incremento del número de consejerías y tratan de alejar la hipótesis de entregar la presidencia del Parlamento vasco.
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