El cambio de Escrivá satisface al PNV y facilita el traspaso de la Seguridad Social

Los nacionalistas vascos emitieron este lunes un escueto comunicado en el que mostraron su «sorpresa» por que Sánchez haya mantenido «el elevado número de carteras» –en concreto, 22– del anterior mandato y, sobre todo, por la creación de nuevos departamentos que chocarían con las potestades de las comunidades autónomas. Ponen el foco especialmente en dos: Juventud e Infancia, desgajada de Derechos Sociales; y, sobre todo, Vivienda, que pasa a tener ministerio propio tras la aprobación de una ley que contó con el voto negativo del PNV precisamente por una «invasión competencial».

Más allá de eso, la formación de Andoni Ortuzar confía en que el nuevo equipo contribuya a «cumplir» el acuerdo firmado hace dos semanas y en el que se menciona un plazo «improrrogable» de dos años para culminar las transferencias pendientes. Al otro lado de la mesa habrá una nueva cara, ya que el principal interlocutor pasará a ser el expresidente de Canarias Ángel Víctor Torres, que se convierte en el sexto ministro de Política Territorial de Sánchez. Antes lo fueron Meritxell Batet –ella diseñó el primer calendario sobre los traspasos–, Luis Planas (en funciones), Carolina Darias, Miquel Iceta e Isabel Rodríguez.

La gran patata caliente, sin embargo, no la deberá gestionar tanto Torres como Elma Saiz. Será ella quien tendrá que lidiar directamente con el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, compromiso recogido en el acuerdo PSOE-PNV y que se enfrentará a la oposición no sólo política –PP y Vox ya han hecho duras críticas– sino también a la de los propios funcionarios del Estado. La nueva ministra, en todo caso, ofrece un perfil más posibilista por su conocimiento de las competencias autonómicas. Como consejera de Economía y Hacienda en Navarra, fue la encargada de negociar el año pasado la actualización del Convenio Económico con María Jesús Montero.

La llegada de Saiz supone un importante cambio, al menos en el perfil, respecto al anterior ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. Escrivá, un reputado economista, llegó al cargo en enero de 2020 procedente de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) y desde el principio marcó una impronta muy técnica, a veces hasta jacobina en su relación con las comunidades. En este tiempo ha protagonizado enfrentamientos incluso con compañeros del Consejo de Ministros; principalmente, con el exvicepresidente Pablo Iglesias a cuenta de la creación del IMV, acelerada como respuesta a la pandemia.

Precisamente el IMV y su transferencia al Gobierno vasco fue el mayor de los enredos vividos con el PNV. «Es un ministro obstáculo», «que no me pida ni agua» y «le caerán dardos» son sólo algunas de las pullas que le han dedicado líderes nacionalistas como Andoni Ortuzar y Aitor Esteban. Su perfil eminentemente técnico, poco político, daba al traste con los objetivos de un partido acostumbrado a hacer valer como nadie su peso en Madrid para arañar frutos que «vender» después en Euskadi. Sus resistencias a rubricar el traspaso íntegro de la competencia causó malestar hasta en el PSE-EE, ya que recaería en manos del Departamento de Trabajo y Empleo liderado por la vicelehendakari Idoia Mendia.

En julio de 2021, cuando Sánchez acometió una profundísima remodelación del Gobierno, mantuvo en su puesto a Escrivá. Una decisión que cayó como un auténtico jarro de agua fría en Sabin Etxea, donde se habían encargado de señalarlo públicamente. Finalmente el IMV fue transferido meses después, y de forma íntegra, al Ejecutivo autonómico en el que ha sido, junto a Prisiones, el traspaso de mayor calado político a Euskadi durante los sucesivos gabinetes del mandatario socialista. Pero, aun así, el PNV le ha tenido bajo la lupa hasta el final.