El PNV busca un acuerdo con el PSE para blindar la exigencia del euskera en las OPE

La intención de los nacionalistas la reveló el propio presidente del EBB en una entrevista publicada el domingo en EL CORREO, en la que apuntaba a la necesidad de «dar seguridad jurídica a la gente que oposita» y expresaba su deseo por «llevar algo cerrado» con los socialistas al Parlamento vasco. Fuentes conocedoras del proceso explican que los contactos al más alto nivel entre el propio Esteban y Andueza empezaron a producirse hace aproximadamente un mes, incluso antes de celebrarse su primera reunión oficial en Sabin Etxea.

La formación jeltzale ha querido tomar la iniciativa para responder a lo que considera una «ofensiva judicial» en contra del euskera y, a nadie se le escapa, para tratar de despojarse de la creciente presión que están ejerciendo EH Bildu y el mundo euskaltzale. La coalición soberanista, de hecho, ya ha obligado a retratarse al PNV en varias mociones en el Parlamento vasco y las Juntas Generales, las cuales han aflorado divergencias internas entre los jeltzales y la dificultad para convencer a un PSE-EE cuando menos escéptico.

Sabin Etxea se mueve con pies de plomo porque, después de episodios de alto voltaje como el suscitado por la inmigración, no quiere abrir una guerra con su socio de gobierno. Y menos en una materia tan delicada como el euskera, con diferencias históricas entre ambos partidos. Es por eso que Esteban se está implicando en primera persona para poder llegar a un consenso puertas adentro con los socialistas antes de que el debate se abra al resto de fuerzas. Sus primeras propuestas, sin embargo, se han encontrado con el rechazo al otro lado de la mesa.

El PSE-EE está dispuesto a negociar porque no quiere que cunda la sensación de que se cruza de brazos de entrada. «No vamos a dar un portazo», resumen fuentes socialistas consultadas por este periódico, que en todo caso reducen las expectativas. Entre otras cuestiones, porque los de Andueza no compran el marco nacionalista de la «ofensiva judicial» contra el euskera. Subrayan que las sentencias que han tumbado requisitos lingüísticos en varias administraciones responden a casos concretos y que ahí lo que están en juego son «derechos laborales».

Los socialistas vascos se abren a buscar fórmulas para lograr «seguridad jurídica», pero no son partidarios de alternativas como, por ejemplo, cambios en el índice de preceptividad; esto es, el número de puestos de trabajo con perfil lingüístico obligatorio en cada administración. Se trata de un cálculo que varía según la realidad sociolingüística de cada zona −se exige mucho más en Lekeitio que en Laguardia− y cuya fórmula se decidió no modificar en el decreto de normalización del euskera en el sector público, aprobado en febrero del año pasado por el Gobierno vasco de Iñigo Urkullu tras una larga negociación entre PNV y PSE-EE.

Tampoco el acuerdo de coalición firmado entre ambos hace un año, ya con Imanol Pradales, planteó ninguna modificación legal al respecto. En torno al euskera en el sector público, se comprometieron a «garantizar el uso de la lengua oficial escogida por cada persona en todas sus relaciones de la Administración vasca con la ciudadanía» y a «desplegar» el mencionado decreto, «adoptando para ello las medidas necesarias a las ayudas y liberaciones para fomentar y facilitar el aprendizaje del euskera por parte de los empleados públicos».