El Parlamento vasco tumba la iniciativa ciudadana que pedía una renta universal

La iniciativa había recabado más de 22.000 firmas y obtuvo el respaldo de 80 asociaciones y colectivos, así como el de los sindicatos vascos. En una foto nada habitual, una portavoz de la plataforma ciudadana, Itziar Guerendiain, compareció ante el pleno para defender la propuesta, que pretendía «garantizar el derecho a una vida digna».

Guerendiain lamentó «la oportunidad histórica perdida» con el portazo del Parlamento. «El PNV y el PSE han demostrado que la lucha contra la pobreza y la desigualdad no está dentro de sus prioridades», criticó. «Ha llegado el momento de nuevas políticas públicas para acabar con la pobreza, distribuir la riqueza y acabar con un mercado de trabajo precario e injusto», subrayó.

Básicamente, lo que la iniciativa planteaba era fijar una ayuda de 900 euros mensuales para mayores de edad o menores emancipados, «con independencia de si tienen o no empleo, de con quienes convivan, de sus otras fuentes de renta o patrimonio y de su estatus administrativo». Para personas de 14 a 18 años no emancipadas, la cuantía sería de 450 euros, y de 270 euros para menores de 14 años.

PNV y PSE votaron en consonancia con el dictamen desfavorable que emitió el Ejecutivo en marzo. Lo que sostienen es que Euskadi ya cuenta con la RGI, «un modelo de éxito». Aitor Urrutia y Gloria Sánchez recordaron, además, que está en marcha una reforma de la misma para «reforzarla» y que existen otras prestaciones sociales como la AES y el IMV, que ya gestiona Lanbide.

Desde el PP, Laura Garrido sostuvo que la medida desincentivaría el acceso al mercado de trabajo. Amaia Martínez (Vox) rechazó un ingreso «por el mero hecho de existir» y subrayó que sería «una carga insostenible». Por su parte, Eraitz Saez de Egilaz, de EH Bildu, censuró que «votar en contra de la ILP es dar la espalda a la ciudadanía». Y para la portavoz de Elkarrekin Podemos-IU, Miren Gorrotxategi, «la capacidad de movilización de la ciudadanía es razón suficiente para que se tomara en consideración la iniciativa».

Una reforma del reglamento del Parlamento de 2016 permite que cualquier propuesta ciudadana active el proceso para convertirse en ley si suma más de 10.000 firmas. Desde entonces tres lo han logrado pero han sido rechazadas.