Un helicóptero de bomberos combate un incendio forestal en León. César Manso

Tiro en el pie

España arde. Este verano superaremos la peor temporada de incendios jamás registrada. Aunque las regiones más afectadas parecen estar saliendo de la situación de desborde, ... la tragedia continúa desplegándose ante nuestros ojos.

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Mientras el humo afecta gravemente a la salud de las personas que a él se exponen y asfixia nuestros bosques y nuestra atención, lo que parece urgente es apagar fuego tras fuego. Pero ese parche de extinción inmediata no trata la herida estructural: el abandono rural, la escasa gestión forestal y el recorte en los servicios que sostienen el campo, la ganadería extensiva o el mismo personal de prevención y extinción son parte del combustible que ha prendido este desastre.

Cuando se recorta en personal forestal, brigadas de limpieza, vigilancia, ganaderos o planes de gestión, son la naturaleza y la salud pública las que pagan el peaje. Porque por cada euro gastado en prevención se ahorran 100 en extinción, según el experto Federico Grillo.

¿Cómo hemos permitido esta pérdida de capacidad de prevención y control? ¿Cómo hemos llegado a este punto en el que la miopía presupuestaria termina matándonos en todos los sentidos?

Una parte de la respuesta puede estar en las contrataciones públicas. Solo ayer mismo leí más de una decena de contratos de prestación de servicios para administraciones locales y autonómicas de todo el país adjudicados entre un 15 y un 28% por debajo del precio inicial de licitación. Contrataciones a la baja que parecen ahorrar, pero que esconden un dilema claro: estamos recortando lo básico para pagar un precio que al final resulta carísimo. Nos disparamos en el pie.

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La Ley de Contratos del Sector Público promueve la relación calidad-precio, no solo aferrarse al coste más bajo. Pero si en la práctica la «mejor oferta» es la más barata, acabamos vulnerando el propio espíritu de la ley: eficiencia real y garantía de calidad. Y eso es exactamente un tiro en el pie.

Nos hinchamos el pecho diciendo que somos austeros. Nos creemos listos por pagar poco. Pero ignoramos que lo barato sale caro. Y si hablamos de servicios públicos, el verdadero coste lo paga la ciudadanía. En el caso de los incendios, lo estamos viendo. Pero los contratos a los que me refiero afectan a la sanidad, la educación, el empleo o la industria. El Estado -que incluye a las autonomías y los ayuntamientos- se está dejando comer por sus propias prácticas.

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Este verano no solo arde España: arde nuestra ignorancia y nuestra prepotencia frente a lo esencial. Bajo el mantra del rigor presupuestario, somos víctimas de una economía de papel que recorta los pilares de lo público. En ese intento de aparentar gestión, nos hemos pegado un tiro en el pie. Y ahora, con las llamas como testigo, duele más que nunca.

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