Para septiembre
Agilizar la Administración es una necesidad imperiosa
«Hace dos días dediqué media hora a pedir al Ayuntamiento que en su convocatoria de ayudas a rehabilitación, no pida el padrón municipal de ... su propio ayuntamiento». Esto que me escribía Mentxu es algo demasiado habitual en la relación ciudadana con las administraciones. Y no es algo nuevo. La tortuga de Mafalda tiene por nombre 'Burocracia'.
La función pública se creó para garantizar derechos, hacer comunidad, proteger a la gente y fomentar la igualdad y la justicia. Pero cuando el propósito se diluye, lo que queda es una maquinaria que sigue funcionando, aunque en ocasiones no se sepa muy bien para qué. En muchos rincones de la Administración cumplir los trámites es el fin último, no un medio para ofrecer un servicio. Muchas personas que consumen disciplinadamente su jornada en tareas sin un impacto tangible o en el cumplimiento de unos objetivos cuyo sentido último desconocen.
No tengo claro que la mejor idea para desburocratizar la Administración sea una ley. La consejera Maria Ubarretxena ha anunciado que en septiembre tendremos una ley de simplificación y desburocratización. Hay varias administraciones regionales, en España y en otras partes de Europa, que tienen leyes así llamadas y que han arrojado buenos resultados. Veremos el contenido.
Sí tengo claro que agilizar la Administración es una necesidad imperiosa. La frustración que genera en la ciudadanía (Mentxu), en los propios funcionarios y en los responsables políticos la difícil relación entre administraciones, los procesos de decisión o la tardanza en la resolución de trámites, contribuyen al descrédito de lo público y, por extensión, de la democracia. Esa frustración es una parte del abono que necesitan los extremistas megalómanos para echar raíces. Un dato: según V-Dem Institute, en torno al 72% de la población mundial vive bajo regímenes autocráticos, cuando en 2010 ese porcentaje era del 46%.
Demasiada gente reniega hoy de lo público. Hace falta un cambio. Pero el cambio no consiste en más digitalización, más indicadores, más controles o más protocolos. Se trata de propósito. Se trata de que cada mañana, al encender cada ordenador de la Administración, aparezca una pregunta que ocupe toda la pantalla: ¿para qué sirve esto que estoy haciendo?
Sin propósito, la Administración no es garante de derechos, sino gestora de expedientes. Y una maquinaria de producción de populismo. Sobran reformas técnicas y falta liderazgo ético. Sobran organismos y faltan fórmulas para premiar la responsabilidad y el rendimiento. Sobran discursos y faltan ideas. Sobran planes y falta rumbo. Una Administración más ágil, más eficaz y con propósito compartido es una buena herramienta para contribuir a la extensión de una mejor democracia.
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