Un nuevo pacto constitucional
En España no hay símbolos consensuados. Ni la bandera, ni la Monarquía ni la Constitución gozan de suficiente consenso para que sean útiles para generar ... una identidad compartida por encima de las legítimas luchas partidistas. La falta de consenso sobre la Constitución es la más grave porque es la que regula el marco legal en un Estado democrático. Este año se ha vuelto a visibilizar en su aniversario esa falta de consenso político. El contenido de la Constitución ya no es del agrado de la mayoría de las fuerzas políticas. La Constitución de 1978 no nos sirve porque ya no nos une. Y, además, la mayoría de los ciudadanos quiere cambiarla.
Es lógico y democrático que nos planteemos cómo mejorar el pacto constitucional alcanzado en 1978 para proteger mejor la vida de los hombres, mujeres y el espacio que habitan respetando la composición plural de la sociedad. La reforma de la Constitución no es solo un debate territorial o un dilema entre república y monarquía, que también. Es la actualización de un pacto político compartido en el que las distintas generaciones que ni votaron ni participaron del acuerdo fundador se puedan sentir identificadas más allá de sus intereses, de sus valores o de su identidad. Un nuevo pacto que pueda romper la inercia de una celebración constitucional cada año más triste, más vacía y más desconectada de la sociedad. Y no tiene nada que ver con la pandemia.
Hay demasiados temas pendientes para entrar en ese nuevo pacto. Por ejemplo, la amenaza del cambio climático no sobrevolaba en 1978 y el agotamiento de los recursos naturales no entraba en la agenda de nuestros constituyentes, que dibujaban un marco legal en el que los recursos eran inagotables. O la protección de nuestros datos y el derecho a la intimidad y toda la nueva generación de derechos digitales que deberían de incorporarse a ese nuevo pacto para protegernos de nuevos abusos de poder que no existían como amenaza en la cabeza de nuestros fundadores. También el blindaje de los derechos sociales se ha convertido en una urgencia humanitaria para proteger a los ciudadanos incapaces de asegurarse los recursos necesarios para desarrollar una vida digna.
Y si queremos que el pacto constitucional sea útil debe servir para que puedan reconocerse todas las generaciones y las distintas mayorías sociales que conviven dentro del Estado.
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