El Ejecutivo vasco concede el tercer grado a la asesina de Lluch y a otros 4 presos de ETA

De todos ellos, la más conocida es Armendariz, que fue condenada por el asesinato del exministro socialista Ernest Lluch y de los concejales del PP Francisco Cano y José Luis Ruiz Casado. Presa en Martutene, cumple una pena de 30 años y, según el expediente que avala su paso al tercer grado, «tiene una favorable evolución en los programas de tratamiento» y «ha mostrado signos inequívocos de haberse desvinculado de cualquier fin o medio terrorista».

Por su parte, Santiago Vicente Aragón fue condenado por el atentado que costó la vida al jefe de la Ertzaintza Mikel Uribe. Cumple una pena de 33 años. Según el informe, «ha completado un proceso crítico de reflexión personal, reconoce el daño causado y muestra su rechazo contundente al uso de la violencia». Igor Martínez de Osaba, condenado por el asesinato del subteniente retirado Alfonso Parada, «se ha desvinculado del colectivo de presos» y de la violencia y ha participado en programas de reparación del Gobierno vasco. También en el caso de Zigor Orbe -condenado a 17 años por el ataque incendiario contra un autobús en que resultó herido grave el conductor- se observan «signos inequívocos de desvinculación». También los muestra Aitor Herrera, que no tiene delitos de sangre.

De la primera veintena de progresiones aprobadas por el Gobierno vasco, la inmensa mayoría fueron avaladas y sólo dos fueron revocadas por la Audiencia Nacional: las de Iñaki Bilbao Gaubeka y Gorka Martínez Ahedo.