María Jesús San José, la consejera que siempre pidió Prisiones
Regresa al Ejecutivo tras su paso entre 2016 y 2020 por Justicia, y se hará cargo de una las áreas que despierta más polémicas
El currículum de María Jesús San José, nueva consejera de Justicia y Derechos Humanos, da cuenta de una figura contrastada, de una suerte de baluarte ... de los socialistas por su experiencia. Nacida en Sestao en 1966, ya fue consejera entre 2016 y 2020. Llevó Justicia y Trabajo en el Gobierno vasco durante el segundo gabinete de Urkullu, conformado por una coalición de PNV y PSE. En aquellos años reclamó públicamente, en varias ocasiones, la transferencia de Prisiones a Euskadi, un objetivo que se alcanzaría en octubre de 2021, cuando el área estaba ya en manos de la jeltzale Beatriz Artolazabal.
Cuando fue designada para la consejería en 2016 fue toda una sorpresa. Tenía un perfil técnico y hasta entonces había estado alejada de la primera línea política. Se había mantenido al margen de los focos, incluso en 2010, cuando fue elegida por el lehendakari Patxi López para encargarse de la Secretaría de Gobierno y Relaciones con el Parlamento, adscrita a la propia Lehendakaritza. Mantuvo siempre la discreción y un perfil bajo. Estaba a las órdenes de Virginia Múgica, la persona que coordinaba las tareas del Ejecutivo socialista, y de Manu Salinero, la mano derecha del lehendakari socialista.
Licenciada en Derecho por la Universidad de Deusto, casada y con un hijo, previamente había sido directora de Función Pública en la Diputación de Álava con el PSE. Es licenciada en Derecho y acumula una larga experiencia como funcionaria interina en asesoría jurídica y relaciones laborales dentro de la Administración vasca, donde pasó trece años en el área de Justicia. Ha pasado por los departamentos de Comercio, Consumo y Turismo; el de Interior y Justicia; el de Empleo y Seguridad Social –como técnico de Relaciones Laborales–; y el de Hacienda y Finanzas. Ha estado a las órdenes de consejeros socialistas y jeltzales.
Presos de ETA
Los responsables del PSE y San José tendrán que nombrar a casi todo su equipo. Como desveló este periódico hace varias semanas, el exjuez Jaime Tapia, que ha ejercido como asesor de Prisiones con categoría de viceconsejero, se jubila. Él ha sido la persona que en los últimos años ha llevado el peso de la concesión de esos terceros grados, un asunto especialmente delicado. Igualmente, también tendrá que dar un paso atrás el actual viceconsejero de Derechos Humanos y Memoria, José Antonio Rodríguez Ranz.
San José tendrá prisiones, cuya transferencia «íntegra» reclamó en varias ocasiones a Mariano Rajoy en sus años de consejera. Lo veía como «una culminación de las transferencias pendientes». Es un área que desde su trasferencia efectiva en octubre de 2021 ha dado numerosos quebraderos a sus responsables, hasta ahora del PNV. Primero, a Beatriz Artolazabal y luego a Nerea Melgosa. Prisiones es todo un reto político porque, entre otras cosas, de este departamento depende la gestión de los terceros grados a los presos, incluidos los 120 de ETA. Un asunto sobre el que el Gobierno vasco y la Fiscalía de la Audiencia Nacional han mantenido diferentes criterios.
La situación en las cárceles, además, no es sencilla. Se ha prorrogado in extremis el acuerdo entre el Gobierno vasco y el sindicato mayoritario, Acaip UGT, mientras las centrales sindicales siguen denunciando que se acumulan los «retrasos e incumplimientos». No se ha logrado crear una Relación de Puestos de Trabajo, por lo que la primera OPE vasca para funcionarios de prisiones sigue muy lejos. Las bolsas de trabajo temporal van paliando el déficit de forma parcial pero no dan solución a las evidentes carencias de personal.
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