La ley educativa rompe la unidad política y recrudece el choque entre PNV y PSE

El principal riesgo al que se enfrenta ahora mismo la norma es el de generar la mayor crisis de la legislatura entre los dos socios del Gobierno vasco. El PSE-EE, si bien avaló la aprobación del proyecto en el Consejo de Gobierno del martes para «no obstaculizar» su tramitación parlamentaria, no comparte uno de sus contenidos nucleares: el apartado lingüístico. El documento, compuesto por 101 artículos y nueve disposiciones, no hace referencia a los actuales modelos diferenciados (A, B y D), sino que habla de un «sistema educativo plurilingüe» que situará al euskera como «eje» y deja su puesta en práctica en manos de los decretos curriculares.

Ante un mismo texto, surgen diferentes interpretaciones, fiel muestra de la inconcreción de la norma. Los socialistas contemplan una desaparición de facto del actual sistema de modelos. El consejero de Educación lo niega de forma rotunda. Pero a su vez EH Bildu, más conforme con el proyecto que el propio PSE-EE, contradice al autor de la norma.

Por partes. Primero, ayer, Bildarratz se declaró «sorprendido» ante las reticencias aireadas por el socio minoritario. Reveló que ninguno de sus tres miembros (Idoia Mendia, Iñaki Arriola y Javier Hurtado) manifestó «ninguna diferencia de calado» durante la reunión del martes en la que todos los componentes del Gobierno de coalición, incluidos ellos, dieron su visto bueno al proyecto. Apenas unos minutos después, Eneko Andueza se mostraba sorprendido al cuadrado. «Le recomiendo que hable más con su partido y con el lehendakari porque fueron informados de nuestras reservas sobre algunos aspectos de la ley antes y en el propio Consejo de Gobierno», contestó al responsable jeltzale.

Pero, al margen de las formas, el intercambio dialéctico también se vivió en el fondo. Sobre los modelos lingüísticos, Bildarratz asegura que se mantienen tal y como están ahora. «Los padres seguirán teniendo derecho a elegir», afirmó en una entrevista en Radio Euskadi, en la que incidió en que serán los centros los que elaboren sus proyectos lingüísticos adaptados a la realidad de cada zona. Sin embargo, EH Bildu, que considera que la norma «va en la buena dirección», defiende justamente lo contrario. «Trasciende los modelos lingüísticos y nos sitúa en un nuevo paradigma. El planteamiento es uno y único», acotó Pello Otxandiano frente a la tesis defendida por el titular de Educación del Gabinete Urkullu.

Eso es lo que también cree el PSE-EE, máxime cuando incluso el informe de la Comisión Jurídica Asesora (COJUA), dependiente del propio Gobierno vasco, advertía del fin de los modelos. Los socialistas no dan la negociación por terminada porque su objetivo es blindar los itinerarios A, B y D -«espero que no se modifiquen», dijo Andueza- y, sobre todo, evitar que se produzca «una deriva» ideológica. «No permitiremos que sirva para que algunos sigan avanzando en la construcción nacional exclusivamente para nacionalistas», afirmó el líder socialista.

A partir de ahí, el resto del arco parlamentario ya se ha posicionado claramente en contra. Incluso Elkarrekin Podemos-IU, firmante del pacto educativo del año pasado, que llevaba todo este tiempo denunciando los «constantes incumplimientos» del Departamento de Educación. Tras conocer el texto, la coalición morada consumó ayer su amenaza al anunciar una enmienda a la totalidad. «El acuerdo obligaba a realizar un giro en la política educativa en Euskadi y este proyecto apuesta por que todo sea igual», lamentó Miren Gorrotxategi.

Fuera de cualquier margen de acuerdo, PP+Cs también pedirá la devolución de la iniciativa al Gobierno vasco. Carlos Iturgaiz habló de una «emergencia nacional» porque la norma «impone el euskera y destierra el castellano», y sugirió un recurso ante el Tribunal Constitucional. Por su parte, Vox afirma que «la imposición del modelo lingüístico único es una flagrante violación del derecho de toda familia a elegir la educación de sus hijos».