Urkullu llama a «restaurar la dignidad» de las víctimas del franquismo
La Ley vasca de Memoria Histórica, que será aprobada antes de que acabe el año, fijará un día de recuerdo a las víctimas y multas de hasta 150.000 euros por enaltecer la dictadura
El Gobierno vasco ha dejado encarrilado la mañana de este jueves uno de sus proyectos estrella de la legislatura. La futura Ley de Memoria Histórica ha superado su primer trámite en el Parlamento y, salvo giro de guion, será aprobada antes de que acabe el año. «Debemos restaurar la dignidad» de las víctimas del franquismo, ha emplazado el lehendakari a los grupos de la Cámara, a los que también ha llamado a trenzar un gran acuerdo en torno a la nueva norma para reparar la «deuda» contraída con los damnificados por la Guerra Civil y la dictadura.
La Ley de Memoria Histórica lleva años sobre la mesa y ha tenido una de las tramitaciones más accidentadas que se recuerdan en la Cámara vasca. Por no decir la que más. Hasta cinco iniciativas fracasaron la pasada legislatura -una del Ejecutivo, tres de la oposición y otra de una plataforma ciudadana-. Con el inicio del nuevo mandato el Gobierno volvió a registrar su anteproyecto de ley, pero fue paralizado en febrero, tras casi un centenar de comparecencias, por un «error humano»: se envió al registro un borrador antiguo.
Al séptimo intento el proyecto va tomando forma. Entre otros asuntos, la ley abre la puerta a que se indemnice a las víctimas del franquismo, fijará un día anual de homenaje y reconocimiento y establecerá multas de hasta 150.000 euros por enaltecer la dictadura y obstaculizar las labores memorialísticas y de divulgación. También anuncia que se eliminarán todos los símbolos del régimen que sigan existiendo en los municipios vascos. No son muchos porque la Ley de Memoria Histórica nacional ya obliga desde hace años a su retirada.
El proceso de tramitación avanzará después de que el Parlamento haya tumbado hoy las enmiendas a la totalidad presentadas por PP+Cs y Vox. Los primeros solicitaban la retirada del anteproyecto de ley porque no alude a los estragos que provocó ETA en el periodo predemocrático. «No nos oponemos a trabajar por la memoria, pero si no se habla de todos los totalitarismos esto se queda cojo», ha lamentado el popular Carmelo Barrio. Para la representante de la extrema derecha, Amaia Martínez, se trata de una ley «revanchista» que no contempla «las atrocidades del bando republicano».
Bildu y Podemos, muy críticos
Urkullu lleva meses enarbolando la bandera de la memoria histórica. Los actos organizados por el Gobierno para desenterrar restos de gudaris y honrar su recuerdo son numerosos en este tiempo. Hoy debería haber defendido la nueva Ley de Memoria la consejera de Igualdad, Justicia y Políticas Sociales, pero Beatriz Artolazabal se encuentra de baja por Covid así que, aunque no era oligatorio, el lehendakari ha decidido tomar la palabra para defender el proyecto. Muy pocas veces toma la palabra en un pleno ordinario. Lo ha hecho el líder del Ejecutivo para poner en valor la futura ley, que tiene garantizada su aprobación gracias a la mayoría de PNV y PSE-EE, y sus principios «éticos y democráticos». Urkullu ha reclamado «verdad y justicia» para los asesinados y desaparecidos, y ha defendido la libertad de expresión «con una clara excepción: el menosprecio y la humillación a las víctimas y su dignidad».
Las enmiendas a la totalidad de PP+Cs y Vox han sido rechazadas por el resto de grupos, cuyos portavoces se han mostrado muy críticos por el posicionamiento de ambas formaciones. «Es obsceno no querer reconocer a los miles de fusilados y desaparecidos de la Guerra Civil, un insulto», ha dicho Julen Arzuaga (EH Bildu). Para Jon Hernández (Elkarrekin Podemos-IU), «utilizar el comodín de ETA» para rechazar la ley es un argumento «abyecto», mientras que los partidos que sustentan al Ejecutivo han apostado por reivindicar el texto. «Nadie se olvida de ETA, pero no es el objetivo de esta ley», ha dicho Iñigo Iturrrate (PNV). «Es necesario sacar del olvido a las víctimas del franquismo», ha añadido Eneko Andueza (PSE-EE).
Los partidos afrontarán a partir de ahora la negociación de las enmiendas parciales presentadas. Esto es, queda por ver cuántas de las 179 correcciones registradas por los grupos de la oposición asumen los grupos del Gobierno para sumar su apoyo en la aprobación definitiva.
