«Es irresponsable jugar de farol con el derecho a decidir, no se puede engañar a la gente»

- ¿Volvería a meterse en este berenjenal?

- Las razones siguen vigentes. No ha sido siempre agradable pero lo volvería a hacer. No me podía negar a aportar mis conocimientos si servía para evitar que en el País Vasco sucediese lo que ha ocurrido en otros lugares, avalado por académicos.

- Se refiere a Cataluña. Con este borrador de Estatuto, ¿corre Euskadi algún peligro de 'catalanización'?

- En el texto que hemos consensuado Mikel Legarda, Arantxa Elizondo y yo, con ciertas discrepancias, hay una aportación técnica importante y consensuada para la modernización y actualización del pacto estatutario de 1979. Luego hay determinados temas estricta y desnudamente políticos en los que difícilmente se nos puede pedir a los técnicos una solución definitiva. Y sin embargo el debate público pone excesiva luz sobre esas discrepancias.

- Porque esas discrepancias amenazan el consenso. Insisto, ¿nos podemos deslizar por la misma pendiente que Cataluña?

- Eso dependerá de en qué pongan el acento los partidos en la tramitación a partir de ahora. No es fácil que en el País Vasco se reproduzca un proceso como el de Cataluña. Los sondeos dicen que más del 80% de la población no quiere ni oír hablar de ello, y no creo que la mayoría de los partidos estén por eso. Otra cosa es que en el debate político mantengan cierto nivel de confrontación.

- ¿Le preocupa?

- Las palabras no son inocuas. Hay que tener mucho cuidado.

- En su explicación de voto lamenta lo denostado que está ceder. ¿Es una pulla a sus compañeros?

- Parece que hay una necesidad de no moverse de las posiciones de partida porque te pueden acusar de traidor. Y lo que tenemos que articular es un sistema de convivencia. Dicho sea sin dramatizar, si todos nos atrincheramos en una posición de partida, esto solo se resuelve con una guerra civil. Nosotros tres hemos tenido claro que teníamos que movernos en el marco constitucional y alumbrar algo viable.

- Idoia Mendia, que le propuso, ha sido muy dura al rechazar la carga soberanista del texto. ¿Ha echado en falta más apoyo del PSE?

- Tuve claro desde el principio, y lo puse como condición, que no iba a aceptar instrucciones e iba a funcionar de acuerdo a mi criterio profesional. Sabía que tenía que aislarme del ruido circundante. Todos lo hemos hecho y por eso hemos podido alumbrar este borrador inicial. No es una redacción, si se me permite, que me entusiasme, pero es suficientemente aceptable para mí como ámbito de convivencia con personas que piensan diferente.

- El PSOE se ha abierto ya a cambiar el título VIII de la Constitución, el que regula la organización territorial. ¿Ve agua en la piscina?

- Lo que no es viable es tratar de cambiar la Constitución desde el Estatuto de Autonomía. Desde que empezó el 'procés' en 2012 el Estado ha estado paralizado. Está demostrado que afrontando los problemas reales que hay en la base del sistema el apoyo a los planteamientos de ruptura decrece.

- ¿Por eso le preocupa que se insista en el derecho a decidir?

- El problema es cuando quienes estarían por la reforma apoyan la ruptura porque creen que así fuerzan posibles cambios. Pasó en Quebec y en Escocia. La propia Clara Ponsatí, consejera de Educación con Puigdemont, reconoció que con la declaración unilateral de independencia estaban jugando de farol. ¿Es serio jugar de farol en cuestiones donde una sociedad se juega tanto? ¿Es responsable? Eso es lo que pasa con el derecho a decidir. A la gente no se le puede engañar. No se puede decir que el pueblo vasco tiene derecho a la autodeterminación. Otra cosa es pedir que se le reconozca.

- Asume en su voto particular que el derecho a decidir no tiene por qué ser directamente inconstitucional. ¿No es contradictorio?

- Poner todos los argumentos encima de la mesa, en el ámbito académico, es una cuestión de honestidad intelectual. Yo hablo de una resolución del Parlament, sobre la que el Constitucional dijo, por un lado, que declarar la soberanía es inconstitucional pero también que en los términos en que se manifestaba, de acuerdo a una legalidad futura, no había problema.

- ¿Podría tener encaje, por lo tanto, el derecho a decidir pactado con el Estado que defiende el PNV?

- El derecho a decidir en esos términos sería posible pero no nos engañemos, eso significa que la legislación constitucional tendría que permitir un referéndum de ese tipo y es muy difícil. Pero hay otros argumentos que hacen desaconsejable ir por ahí.

- La posible fractura social.

- Un amigo mío dice que no todo se puede votar, no todo lo que se puede votar es posible y no todo lo posible es deseable. Los políticos responsables tienen que tratar de someter a la ratificación ciudadana pactos, no desacuerdos, y no proponer cuestiones que fracturan a la sociedad. Cataluña lo está pagando. Quebec lo pagó. ¿Por qué en Quebec nadie quiere hablar después de cuarenta años, ni siquiera una parte importante de los soberanistas, de convocar otro referéndum? Porque la sociedad salió muy escaldada, en lo económico, lo social y lo personal.

- Andoni Ortuzar citó Escocia, Quebec, Flandes y su voto particular para arrimar el ascua a su sardina. ¿Le molestó?

- No, estoy autoprotegido. Son casos diferentes. En Bélgica tienen muy claro que un país dividido no tiene cabida en la UE. Escocia o Quebec son excepciones dentro del mundo democrático occidental porque pertenecen al llamado 'sistema Westminster', sistemas basados en la soberanía parlamentaria y con un concepto de Constitución político y no jurídico. Hay que tener cuidado, no es fácil trasladar esas experiencias a nuestra realidad. La reforma de la Constitución es muy difícil pero es la única alternativa viable y fructífera. No se puede aprovechar esas dificultades para dar pábulo a caminos que son fuente de gran frustración.

- ¿Ahí cabría el reconocimiento de la plurinacionalidad?

- El concepto de nación como un todo homogéneo titular de la soberanía está descartado en Europa, pero se acepta con normalidad para sociedades con un sentimiento de pertenencia nacional diferente. Precisemos lo que significa y normalicémoslo en el discurso político.

- ¿No ha hecho un flaco favor el nacionalismo al debate sosegado al distinguir los conceptos de ciudadanos y nacionales?

- En el texto conjunto no aparece y Legarda no hace diferencias. Es verdad que introducir esos términos que se abren a ser malinterpretados nunca es conveniente.

- El enconamiento de las posiciones sobre el nuevo Estatuto, ¿puede poner en riesgo el consenso del 79?

- En Euskadi el Estatuto tiene un significado de legitimación política que va más allá de lo jurídico. Supuso la incorporación al pacto constitucional de sectores que no habían apoyado la Constitución. Ha tenido siempre un valor constituyente. No debemos poner en entredicho elementos esenciales de aquel pacto, sino reforzarlos y ampliarlos. Somos una sociedad con muchos peligros de fractura interna. Actuemos con prudencia.