PP y PNV dinamitan todos los puentes y van a la guerra tras la cesión del palacete de París

Ya había una sucesión de motivos que explicaban el distanciamiento, pero sin duda el detonante que en los últimos días ha hecho explotar todo ha sido la operación por la cual el Gobierno ha traspasado a manos jeltzales el palacete de París que fue sede del Gobierno vasco en el exilio. El enfrentamiento dialéctico entre representantes de PP y PNV ha pasado este jueves a un nuevo nivel por dos vías: la primera, la política, a la que se ha sumado el propio Alberto Núñez Feijóo al censurar el «regalo» por parte de Sánchez a uno de sus socios; y la segunda, la judicial, ya que los populares estudian interponer una denuncia contra la formación nacionalista por presunta financiación irregular.

Y es que el traspaso de la titularidad del edificio se ha convertido en un inesperado campo de batalla dentro de una guerra total. Tanto es así que el PP intentó anular la operación al tumbar en el Congreso el decreto ómnibus del Gobierno que incluía otras medidas como los descuentos en el transporte público y la subida de las pensiones. Sin embargo, el PNV y expertos juristas alegan que la devolución no tiene vuelta atrás porque la transmisión quedó «completada» durante el mes en que la norma estuvo en vigor. Que ahora decaiga no cambiaría los efectos que ya ha tenido.

Las horas previas a la votación del miércoles ya estuvieron marcadas por un intenso cruce de acusaciones. El portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado, tachó al PNV de «partido 'aprovechategui'» por tratar de «hacer caja» con el palacete parisino. El dirigente conservador, que se está caracterizando como el principal azote de los jeltzales, fue replicado por Idoia Sagastizabal, quien le llamó «sinvergüenza» desde la tribuna. Este jueves el lehendakari, Imanol Pradales, ha apuntado que los populares están protagonizando una «'ayusización'» dialéctica que estaría «alejando la opción de llegar a ententes».

La discusión escalaba con la entrada en escena de Feijóo. El presidente del PP no sólo ha arremetido contra los «regalos y privilegios a los nacionalistas», en alusión al polémico traspaso del palacete, sino que ha dejado clara la inexistente relación con el PNV, al que se ha referido como «satélite» del PSOE. «Es imposible hablar con alguien que no quiere hablar. Mientras sea el socio estratégico en Euskadi y Madrid, se debe exclusivamente al sanchismo. Y si uno está sometido al sanchismo, es su problema», ha manifestado el líder gallego, quien ha contrapuesto que su formación sí es «libre» para llegar a acuerdos con otros partidos si miran «por el interés general».

Las elocuentes declaraciones de Feijóo vienen a confirmar dos cosas: la primera, que las relaciones PP-PNV siguen sin encontrar la forma de superar la traumática ruptura que supuso el apoyo jeltzale a la moción de censura de un Mariano Rajoy que aún se la tiene jurada –«se han convertido en los monaguillos de Frankenstein», dijo hace unos meses–; y la segunda, que en Génova se han impuesto las tesis de Tellado y Javier de Andrés, contrarios a un acercamiento que ven inútil, frente a las de Borja Sémper, partidario de intentarlo.

En cuanto al palacete, el PP no está dispuesto a arrojar la toalla y sopesa activar en paralelo la vía judicial. El tipo delictivo que estudia imputar al PNV es el de financiación ilegal de partidos políticos, regulado en el artículo 304 bis del Código Penal, y que castiga las infracciones en donaciones o aportaciones destinadas a una formación. En opinión de De Andrés, la cesión es «una donación al PNV desde el Gobierno que no se hace equitativamente a todos los partidos». La formación conservadora cree que «no hay ninguna razón» para que el edificio quede en manos de Sabin Etxea porque «jamás ha podido demostrar que dedicara un solo euro a la compra del palacio».

Aquí hay disparidad de criterios. En 2003, el Tribunal Supremo desestimó la entrega del palacete al estimar que la formación jeltzale no había podido acreditar suficientemente la compra con sus fondos. Esta posición contrasta con el informe realizado por el Gobierno de Sánchez, concretamente por la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, para justificar la cesión. Según ese escrito, los documentos oficiales, notariales y bancarios de la época demuestran que fue el PNV quien puso el dinero para la compra del inmueble en septiembre de 1936. Lo habría hecho a través de testaferros y sociedades mercantiles interpuestas para proteger a los benefactores en un contexto de persecución por la Guerra Civil española.