Los gobiernos vasco y central cierran la transferencia de la AP-68

El Gobierno vasco subrogará la posición del Estado hasta el año 2026, en el contrato de concesión administrativa a la empresa Abertis. La autopista continuará siendo de peaje hasta esa fecha. Cuando el Ejecutivo autónomo reciba la transferencia, llevará a cabo las gestiones pertinentes para traspasarla a las diputaciones de Bizkaia y Álava, que serán las que decidan las condiciones del peaje para los usuarios y determinarán si se mantiene como hasta ahora o se buscan fórmulas para reducir estos pagos a través de bonificaciones.

La diferente valoración económica que hacían los gabinetes de Pedro Sánchez e Iñigo Urkullu sobre la transferencia de la AP-68 llevó al límite la negociación la pasada semana. Ambos gobiernos se habían autoimpuesto el arranque de la campaña como plazo para no interferir en la carrera hacia el Congreso y el Senado. Pero no pudo ser. El acuerdo se anunció el pasado día 2, justo después de que el PNV apoyase los seis decretos sociales que el Ejecutivo socialista había remitido a la Cámara baja. Los jeltzales habían advertido, a modo de ultimátum, de que no avalarían esas medidas si no se producían avances en el cumplimiento del Estatuto. Una vez alcanzado el acuerdo político solo faltaba que los técnicos de ambas administraciones cerrasen los últimos flecos económicos, aunque esta etapa se ha demorado más de lo previsto.

El tramo vasco de la AP-68, unos 77,5 kilómetros entre Bizkaia y Álava, es una transferencia de gran peso simbólico. Y para concretarla, las dos administraciones se debían poner de acuerdo sobre los 'números'. Ahí es donde siempre ha radicado el conflicto, porque los cálculos de los técnicos de las Haciendas vasca y central no suelen coincidir. Finalmente serán dos millones de euros anuales los que Euskadi dejará de abonar al Estado dentro del Cupo. Fue el pasado viernes cuando las partes acercaron posturas. El pacto, que según fuentes conocedoras de las conversaciones ha necesitado de un último impulso político, se materializará oficialmente esta tarde en la Comisión Mixta.

La delegación del Gobierno vasco en la reunión bilateral, que se celebrará por videoconferencia, estará formada por los consejeros de Gobernanza Pública y Autogobierno, Josu Erkoreka; Hacienda y Economía, Pedro Azpiazu, y Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, así como varios directores y viceconsejeros integrantes de la misma. Por parte del Ejecutivo central presidirá la firma el secretario de Estado de Política Territorial, Ignacio Sánchez Amor, junto al delegado del Gobierno en Euskadi, Jesús Loza, y seis altos cargos de los ministerios de Política Territorial, Hacienda y Fomento. La ministra titular, Meritxell Batet, no podrá estar presente al coincidir con un acto de campaña.

Los ejecutivos vasco y central se comprometieron también a tratar de sellar las otras tres transferencias incluidas en el último paquete acordado por Madrid y Vitoria: las ayudas previas a la jubilación a trabajadores afectados por ERE, la legislación sobre productos farmacéuticos y la referente al seguro escolar. En este sentido, Erkoreka reconoció que aún persisten diferencias «de dimensión económica y presupuestaria», aunque dejó claro que existe una voluntad compartida para llegar a un consenso y que las conversaciones están «muy avanzadas».