El Gobierno vasco reactiva la Comisión de Ética tras año y medio sin emitir fallos

Más allá del contenido del fallo sobre la supuesta 'puerta giratoria', lo llamativo del asunto es que el órgano creado por el Ejecutivo para velar por la buena conducta de los dirigentes públicos ha reanudado su trabajo después de que EL CORREO desvelase en su edición del 1 de marzo el largo periodo de inactividad que acumulaba. De hecho, el nuevo fallo fue adoptado ese mismo día, en una reunión que el Comité de Ética mantuvo horas después de la publicación de la información, en la que se detallaba que, pese a tener varias solicitudes sobre la mesa y estar obligado por ley a reunirse al menos una vez al año, el último dictamen databa de agosto de 2019.

Fue el lehendakari, Iñigo Urkullu, el que puso el foco sobre la Comisión de Ética a comienzos de febrero, cuando anunció que iba a someter al escrutinio del organismo el caso de las 'vacunaciones vip' y la eventual responsabilidad de la consejera de Salud, Gotzone Sagardui. El comité tiene sobre la mesa desde el año pasado al menos otros dos casos, el que resolvió el lunes pasado y las dudas que generan las reiteradas adjudicaciones del Instituto Vasco de la Memoria a la empresa de un ex alto cargo del PNV en Gipuzkoa. Sin embargo, había dejado de emitir fallos o al menos de publicarlos en su web, algo a lo que también está obligado.

La resolución adoptada el 1 de marzo no fue notificada hasta varios días después. Se dio a conocer, exactamente, el viernes pasado, después de que la presidenta de la Comisión de Ética, la consejera de Gobernanza Pública, fuera cuestionada por PP+Cs sobre la inactividad del organismo en la sesión de control al Gobierno.

Olatz Garamendi defendió en el Parlamento que los miembros del comité han mantenido «varias reuniones formales» durante los últimos meses cuyo resultado, al parecer, se conocerá «en breve» con nuevas resoluciones. Achacó la demora a la pandemia que ha «distorsionado» la labor de la Administración y al parón que supuso el cambio de Gobierno. También a que el protocolo de actuación de la comisión está «muy tasado» y a veces se alarga, algo que entre 2013 y 2019 no fue obstáculo para publicar una media de nueve fallos anuales.

Garamendi no participó en la resolución del pasado 1 de marzo. Decidió inhibirse -la razón no ha sido aclarada por su equipo- por lo que ejerció como presidenta de la comisión la consejera de Desarrollo Económico, Arantza Tapia.