Gobierno vasco y oposición constatan el escaso margen para pactar el Presupuesto
El Ejecutivo reclama «seriedad» a los grupos, mientras PP y Sumar critican el modelo continuista en las Cuentas de Pradales
La ronda de negociaciones que en la mañana de este lunes han iniciado el Gobierno vasco y los tres partidos de la oposición –EH Bildu, ... PP y Sumar– ha podido ser la primera y el tiempo dirá si la última. La mayor parte de las valoraciones que las distintas partes han realizado después de las reuniones han venido a confirmar lo que se barruntaba desde hace semanas: las posiciones están muy alejadas pero nadie quiere ser el primero en levantarse de la mesa y ofrecer ante la sociedad vasca una imagen de intransigencia alejada del entendimiento y espíritu de acuerdo que tanto se demanda de los políticos.
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De hecho, ninguno de los tres partidos ha avisado de que no volverá a reunirse con el Ejecutivo, y tanto PNV como PSE han confirmado que «estudiarán las propuestas» que les ha hecho llegar la oposición para calibrar su alcance y analizar su encaje en el proyecto de Presupuestos. El consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou, encargado de pilotar el proceso, ha insistido que su departamento «entra en una fase de escucha y diálogo para identificar espacios de acuerdo». Pero al mismo tiempo ha advertido: «Las propuestas deben ser serias, realistas y responsables». «Las negociaciones tienen que ser honestas, claras y sinceras. Si no se percibe la posibilidad de acuerdo, se dará por concluido el diálogo», ha aclarado. La fecha límite será el 28 de noviembre, dentro de 11 días, cuando finaliza el plazo de presentación de enmiendas.
La realidad es que PNV y PSE disponen de mayoría absoluta en el Parlamento vasco y, por lo tanto, la aprobación del proyecto de Presupuestos está garantizada. Desde esa posición, el Gobierno vasco presentó el 28 de octubre su propuesta, que contempla un montante global de 16.378 millones, un 4,1% más que el pasado año. Esa certeza, no obstante, no está reñida con la necesidad que ambas formaciones tienen de aprobar las Cuentas de las diputaciones de Álava y Gipuzkoa y del Ayuntamiento de Vitoria, instituciones donde gobiernan en minoría.
De ahí que el clima que se asiente en torno a los Presupuestos del Gobierno vasco puede resultar trascendente para el resto de escenarios. Por eso, y para evitar quedar ante la sociedad vasca como contrarios al entendimiento, nadie se atreve a levantarse de la mesa a las primeras de cambio. Que sea la otra parte la que lo haga. De nuevo, la batalla del relato. Pero de sus manifestaciones de este lunes se puede interpretar que, a día de hoy, el acuerdo es muy complicado. De hecho, las frases «no compartimos su modelo» y «reclamamos que los Presupuestos evidencien un giro» han sido las valoraciones más escuchadas entre los portavoces de PP y Sumar.
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3.000 millones
No de Bildu, que ha optado por una estrategia de comunicación diferente. Ningún portavoz ha comparecido tras la reunión para que el mensaje sea únicamente su propuesta. Es decir, no desviar la atención hacia el juego político para incidir en su imagen como alternativa de gestión al PNV. En concreto, la coalición plantea, como ya adelantó en octubre, un acuerdo presupuestario global en las principales instituciones vascas a cambio de adoptar una serie de medidas centradas en la política de vivienda con el ambicioso objetivo de dar una «solución estructural a la emergencia habitacional en diez años». En ese sentido, plantea que el Gobierno vasco cree un fondo público-privado para invertir 3.000 millones de euros la próxima década para promover vivienda nueva y la rehabilitación, priorizando el régimen de alquiler.
El PP, por su parte, se ha mostrado muy crítico con la actitud del Ejecutivo y con su proyecto de Cuentas, que considera «continuista» y basado en un «modelo de izquierdas». «No lo compartimos y reclamamos un giro claro. Si no, es difícil que podamos seguir un camino juntos», ha explicado su portavoz, Laura Garrido, quien ha enumerado las prioridades de su partido: «Seguridad, sanidad y vivienda».
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Jon Hernández, único representante de Sumar en el Parlamento, ha trasladado al Gobierno un documento con 5 enmiendas valoradas en 890 millones que hacen referencia a «vivienda, servicios sociales, rebajar el alto coste de la cesta de la compra, la renta básica universal y transición energética». Pero se ha mostrado pesimista sobre las opciones de acuerdo. «Mantenemos diferencias de fondo en el modelo (de PNVy PSE) y nos vamos a conformamos con las migas. Además, hemos visto una actitud fría y distante en el Gobierno».
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