El Gobierno vasco hará una macroencuesta entre los jóvenes sobre la violencia terrorista

La consejera calculó que «35.000 jóvenes vascos han conocido en las aulas testimonios de todas las víctimas». Artolazabal ha defendido que «no hay víctimas de primera y de segunda. Las de ETA, las de grupos de ultraderecha y las de abusos policiales. Todas tienen derecho a la justicia y deben ser consideradas como tales», refrendó.

A Amaya Martínez, de Vox, no le gustó que el plan «habla de acercar a los presos etarras al País Vasco y de su socialización, por no llamarla excarcelación» pero celebró que «haya una mención a los ongi etorris». El popular Carmelo Barrio admitió que «tenemos una visión crítica con este plan porque se construye sobre un magma de situaciones diversas y no compartimos que se ponga al mismo nivel a víctimas del terrorismo con la política penitenciaria». «Echamos de menos una agenda vasca por la convivencia y que el punto de partida sea la condena de la violencia en el ámbito político y social».

Iñigo Martínez, de Podemos, opinó que «hay que dar más pasos en algunos aspectos» y dijo que «este Parlamento aprobó hacer un día contra la tortura y hay que hacerlo antes o después». Pidió «poner a las víctimas en el centro» y admitió que «nos gusta la música y parte de la letra». Reclamó también «incrementar las acciones y señalizar los lugares de memoria».

La socialista Miren Gallastegui declaró que «Euskadi es otra desde el fin del terrorismo. Es un país plural y diverso. Que ningún proyecto se use nunca para legitimar ninguna violación de los Derechos Humanos». El jeltzale Iñigo Iturrate felicitó al área por el plan y aseguró que «la transferencia a Euskadi de prisiones nos va a permitir un modelo más humano y centrado en la reinserción de las personas reclusas».

El más crítico fue Igor Arzuaga, de EH Bildu. «Parece en su plan que todo empezó y acabó con ETA, que no hubo antes violencia por razones políticas». «Mencionan a ETA en quince ocasiones y al GAL en una y la tortura aparece una sola vez y sin medidas concretas», censuró. «Unas víctimas parece que merecen ser acogidas y otras no», añadió. A su juicio, «hay retrocesos en relación al último borrador porque desaparece la alusión a la excepcionalidad de la política penitenciaria y eso no se ha normalizado. No se trata por igual a todos los presos porque hay leyes excepcionales».