El Gobierno defiende los pagos en sobres: «Pagar en metálico no es ilegal ni irregular y no se hace solo en el PSOE»
Los socialistas alegan que también el Senado paga en efectivo y por adelantado los gastos de los senadores y sostienen que se trata de una «práctica habitual» en empresas e instituciones
El Gobierno defiende que no hay nada sospechoso en los pagos en metálico que el PSOE realizó a sus exsecretarios de Organización, José Luis Ábalos ... y Santos Cerdán, investigados por corrupción. La ministra portavoz, Pilar Alegría, argumentó este martes, en su comparecencia tras el Consejo de Ministros, que se trata de una «práctica habitual» en «empresas e instituciones»; que incluso el Senado, en el que el PP tiene mayoría absoluta, lo hace, y que, en todo caso, «todo» el dinero que maneja el PSOE «tiene origen legal, está contabilizado y está fiscalizado por el Tribunal de Cuentas».
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«Pagar en metálico no es ilegal ni irregular y no se hace solo en el PSOE», insistió Alegría. «Si un senador hace un desplazamiento al extranjero, el Senado le paga sus dietas en metálico, siempre aportando la factura o el ticket». Fuentes de la Cámara alta confirman que, efectivamente, tanto las dietas para desplazamientos oficiales de los senadores se abonan en efectivo, previa autorización de gasto y con control ‘a posteriori’ de la realización del gasto mediante justificante. «Es un sistema absolutamente transparente», apuntó la institución en un comunicado.
Como ya hizo el pasado viernes el propio PSOE, cuando se conoció el informe de la UCO sobre el patrimonio del exministro de Transportes en el que se apunta a la evidencia de abonos «sin respaldo documental», Alegría argumentó también este martes que lo que demuestran las pesquisas realizadas por los agentes de la Guardia Civil es que no existe financiación irregular del partido; algo sobre lo que, sin embargo, la investigación remitida al juez Leopoldo Puente no se pronuncia.
«No hay nada oscuro», reiteran en la Moncloa. «El dinero que salió del PSOE tiene respaldo en las cuentas. Los otros pagos sin respaldo documental se refieren a Ábalos y los tendrá que justificar él», dicen. Esgrimen, además, que, lejos de resultar incriminatorias, las imágenes de los sobres con membrete del PSOE recogidas por la UCO en su informe, y extraídas del móvil de Koldo García, vienen a demostrar que se trata de pagos que se corresponden con gastos concretos porque incluyen hasta céntimos de euro.
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Los ‘wasaps’ de Koldo
Las citadas fuentes, alegan asimismo que los desajustes detectados por la UCO tienen plena justificación. En concreto, aluden al descuadre de 505,44 euros en un abono de 826,73, que el PSOE explica porque la cantidad entregada no correspondía solo a gastos de Ábalos. Del total, 321, 29€ fueron, dicen, para él y el resto "para los de su equipo». Sin embargo, esos 826,73 euros no son la única evidencia a la que se refieren los investigadores cuando hablan de «otros pagos en efectivo que habrían sido realizados por el PSOE, sin que conste respaldo documental ni información alguna sobre este particular».
La prueba de que ese pago específico se produjo es una foto que Patricia Úriz –entonces mujer del asesor del ministro, que se hacía cargo de las cuentas de ambos– envía a Koldo de un sobre del PSOE con la cantidad escrita por fuera a mano, pero hay otros a los que simplemente se hace referencia en mensajes de ‘wasap’ entre la pareja o entre una trabajadora de Ferraz llamada Celia Rodríguez y el asistente del ministro.
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En cuanto a la incoherencia entre la práctica de pago en metálico y el impulso, por parte del PSOE, de una reforma de la ley de blanqueo que en 2021 fijó el límite de pagos en efectivo en 1.000€ para operaciones entre particulares y profesionales, en el Gobierno argumentan que esa norma habla de «proveedores» y de «pagos únicos», mientras, en este caso, se trata de abonos a trabajadores y «en varios tickets».
Casi al tiempo que el Ejecutivo hacía esta defensa del partido que le da soporte Pedro Sánchez intervino en un foro en Vitoria sobre Gobierno Abierto en el que participan 2.000 representantes institucionales y agentes sociales mundiales en el que lanzó un mensaje a favor de la «integridad» en la vida pública y la «tolerancia cero» contra la corrupción.
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