La Fiscalía rechaza el indulto a Borràs por falta de «arrepentimiento» y pide que entre ya en prisión

Por ello, la Fiscalía ha pedido al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que ejecute la condena de cuatro años y medio de prisión que impuso a la dirigente de Junts. A finales del pasado marzo, el propio TSJC suspendió el ingreso en prisión de la condenada por corrupción por fraccionar contratos de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), al tiempo que pidió al Gobierno de Pedro Sánchez su indulto parcial.

Según el Ministerio Público la conducta delictiva en la que incurrió Borràs es «claramente merecedora de la imposición de las penas legalmente prevista» y destaca que «por el momento, las penas impuestas, no han cumplido con el fin preventivo general y especial, por lo que deviene necesario su cumplimiento para evitar la comisión de nuevos delitos y afianzar la credibilidad en el sistema judicial y en el buen funcionamiento de las instituciones públicas».

El Supremo confirmó el pasado 10 de febrero una pena de cuatro años y medio de prisión, 13 años de inhabilitación y una multa de 36.000 euros por los delitos de prevaricación y falsedad en documento mercantil. Borràs fue condenada por adjudicar de forma irregular a un amigo, mediante 18 contratos menores, trabajos por valor de 335.000 euros durante su etapa como directora de la Institució de les Lletres Catalanes, organismo de la Generalitat. El Alto Tribunal rechazó que Borràs pudiera ser amnistiada, ya que fue condenada por «corrupción».

En marzo de 2023, al poco de conocerse la condena a la líder independentista, el propio Pedro Sánchez aseguró que se trataba de «un caso flagrante de prevaricación», dando a entender que no apoyaría ese indulto, aunque no desveló de manera taxativa cuál sería finalmente su postura sobre esa medida de gracia, alegando que había que esperar a que el Supremo se manifestara sobre los recursos.

El pasado marzo, tras conocerse la petición del TSJC de pedir su indulto parcial, el ministro de Justicia no cerró, ni mucho menos, la puerta ese perdón gubernamental. «En su momento, el Gobierno de España tomará la decisión, una vez que haya analizado y haya estudiado toda la documentación, porque este es un asunto que, por supuesto, afecta a derechos fundamentales de una persona», afirmó Feliz Bolaños.