Batet y la Fiscalía presionan al Supremo para que asuma la suspensión de los diputados presos

Oriol Junqueras pasa al lado de Santiago Abascal, el martes en el Congreso. /Reuters
Oriol Junqueras pasa al lado de Santiago Abascal, el martes en el Congreso. / Reuters

La presidenta del Congreso aduce que el competente para «juzgar conductas» es el Poder Judicial y no el Legislativo

MATEO BALÍN y PAULA DE LAS HERASMadrid

El Tribunal Supremo quería evitarlo, pero la pelota de la suspensión de los diputados independentistas juzgados por rebelión vuelve a estar en su tejado. La Fiscalía primero y la flamante presidenta del Congreso, Meritxell Batet, después, requirieron este miércoles al alto tribunal para que dé instrucciones precisas a la Cámara baja sobre este asunto, que puede llegar a tener un sustancial impacto político. Llegado el caso, y según la actitud de los propios afectados, podría incluso alterar el juego de mayorías parlamentarias en cuestiones tan sustanciales como la investidura del presidente del Gobierno.

«La función jurisdiccional -argumentó Batet poco después de celebrar en la Zarzuela su primer entrevista con el Rey- pertenece en exclusiva al Poder Judicial, que es el competente para enjuiciar conductas y establecer las consecuencias de esas conductas». Nada más tomar posesión del cargo, la presidenta del Congreso decidió ya el martes escribir una carta al presidente del tribunal, Carlos Lesmes, para que «informe de las consecuencias de la ley procesal» sobre los cuatro diputados presos. En realidad, ni ella ni el Gobierno tienen dudas, según dejó claro el martes la vicepresidenta Carmen Calvo, de que deban ser suspendidos. La cuestión es más bien a quién es achacable la sensible decisión, porque ni en términos jurídicos ni políticos es lo mismo tomarla que acatarla.

En el Supremo llevaban días trasladando la idea de que ya no tenían nada más que decir. Sostenían que en el mismo auto en el que se permitió la salida de prisión de Oriol Junqueras, Jordi Sànchez, Jordi Turull, Josep Rull, y el senador Raül Romeva para tomar posesión de sus escaños, el tribunal del 'procés' también rechazó su puesta en libertad, negó que sea preciso pedir un suplicatorio a las Cortes para seguir juzgándolos y, de forma directa, dejó en manos de la Cámara baja la responsabilidad de la suspensión con una apelación al artículo 21 de su reglamento, en el que se dice que la suspensión será efectiva cuando, además de estar un diputado en prisión preventiva, el Parlamento haya concedido el permiso para que puedan actuarse contra él y el auto de procesamiento en su contra sea firme.

En el Congreso, sin embargo, cuestionan que sea tan evidente que la decisión en sí les corresponda y, de hecho, recuerdan que el pasado julio fue el juez Pablo Llarena el que comunicó al Parlament la inhabilitación temporal de los diputados autonómicos procesados conforme al artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim), que dice: «Firme un auto de procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del mismo mientras dure la situación de prisión».

Doble vía

Ahora, toca esperar. Batet ha convocado ya para este jueves a las 12:30 la primera reunión del órgano de gobierno del Congreso, en el que el PSOE tiene tres puestos, Podemos dos y PP y Cs otros tantos cada uno. La formación de Pablo Casado y la de Albert Rivera pretenden que en ese primer encuentro se acuerde ya suspender de sus cargos a los cuatro diputados, pero la presidenta pedirá aguardar a las instrucciones del Supremo.

De una manera u otra, esas indicaciones llegarán. Porque, al margen del requerimiento a Lesmes, también la Fiscalía ha instado al alto tribunal, mediante un escrito firmado por Javier Zaragoza y Fidel Cadena, a impulsar la aplicación del artículo 384 bis de la Lecrim y comunicar a la mesas del Congreso y del Senado que deben proceder a su aplicación «inmediata». Probablemente, en todo caso, la suspensión no se producirá ya hasta la semana que viene, tras las elecciones autonómicas, municipales y europeas de este domingo. Eso evitará la victimización del secesionismo en plena campaña.

Lo que está por ver es qué decisión toman los propios diputados. Si renuncian al escaño, su puesto será ocupado por el siguiente en la lista de su partido. Si no, en el Congreso no existe ningún mecanismo para que, como se hizo en el Parlament, puedan designar a un sustituto (en el caso de la cámara catalana, además, fue Llarena el que abrió la puerta a esa posibilidad y Marchena ya ha dado muestras de no tener intención de intervenir en cómo se organizan las Cortes).

Junqueras ya avanzó que él sí renunciará en caso de obtener escaño en la Eurocámara este domingo. Sànchez, Rull y Turull, en cambio, no han dado pistas sobre el asunto. Puede darse la circunstancia, así, de que en la sesión de investidura sólo haya en el Congreso 347 de los 350 diputados. La cifra facilitaría a Pedro Sánchez una investidura por mayoría simple en segunda vuelta sin depender de lo que hagan los independentistas, aunque para que eso sea posible necesitaría el 'sí' de todos los que el martes votaron a Batet como presidenta (175) y Coalición Canaria, de momento, se resiste..