El casi éxito de la estrategia de defensa
Urdangarin fue condenado por la Audiencia Provincial de Baleares por siete delitos. Delito continuado de prevaricación, 'torcimiento' -como le designan en otros países- de la ... rectitud de las decisiones de las administraciones públicas; falsedad en documento público; delito de malversación de fondos públicos; tráfico de influencias; fraude a la Administración; y dos delitos de fraude fiscal. La suma de las penas se traducía en seis años y tres meses de prisión, y varias penas de multas, de inhabilitación y privación de otros derechos. Pero fijémonos solo en las penas de prisión, y concretamente en el detalle desagregado de las penas impuestas, porque aquí reside la clave que hubiera permitido evitar el ingreso en prisión. Es decir, para poder acogerse a una modalidad de suspensión de la pena que está prevista como excepcional, pero posible, cuando «las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho y, en particular, el esfuerzo por reparar el daño causado, así lo aconsejen», siempre que las penas de prisión impuestas individualmente por cada delito no exceda cada una de dos años. Los tres primeros delitos confluían en una sola penalidad - por las reglas del Código Penal que establecen limitaciones cuando los delitos vienen en racimo - y en concreto en dos años y ocho meses de prisión; los demás delitos sumaban una pena de prisión de siete meses (fraude a la Administración) y otras tres de un año de prisión.
La duración relativamente suave deriva de que en los delitos de prevaricación y de malversación la Audiencia apreció una rebaja prevista para los «partícipes externos» en los delitos propios de «funcionarios». Una rebaja importante, aunque no era obligatorio aplicarla. Rebaja que en la actualidad viene matizada tras las reformas de los delitos de funcionarios, porque ya no se da por bueno que en estos delitos sea menos grave la conducta del de «fuera», si fue quien inició el baile con títulos de experiencia. Además a Urdangarín se le aplicaron en cada uno de los delitos la atenuante de «reparación» que, tal como la interpreta la jurisprudencia, se cumple con el «pago de la debida responsabilidad civil antes del juicio oral».
La sentencia del Supremo excluye de la lista de condenas de Urdangarin el delito de falsedad documental, con buenas razones de legalidad conforme a la jurisprudencia. Excluida esta infracción, la pena conjunta por la prevaricación y la malversación desciende a dos años y tres meses de prisión: el Tribunal ha evitado dejar en dos años la pena del «concurso» de los dos delitos, lo que hubiera permitido al menos intentar esa «suspensión» excepcional de la pena, aunque creo complicado que hubiera podido escenificar de forma convincente «su esfuerzo por reparar el daño causado». La suma del conjunto es ahora de cinco años y diez meses de prisión. Si los hechos hubieran tenido lugar después de 2010, la condena hubiera sido más grave, y probablemente con el delito añadido de organización delictiva. Pero el Estado de Derecho obliga: no cabe aplicar la ley posterior.
Tendrá que ingresar en prisión más pronto que tarde. El horizonte de un indulto no parece verosímil ni digerible por la sociedad, que reclama una limpieza a fondo de la corrupción. El recurso ante el TC no evitaría el ingreso en prisión al menos hasta que transcurra un tiempo de cumplimiento de la pena. La inevitable entrada en prisión le permitirá acceder en su momento al tercer grado penitenciario y al régimen abierto y quizás hacer méritos con sus habilidades deportivas trabajando pro bono de entrenador, tal vez para un equipo de futuros campeones.
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