Euskadi recibirá una inyección millonaria con los acuerdos de la Comisión

La Comisión Arbitral es la encargada de dirimir las discrepancias entre las haciendas estatal y vasca cuando ambas se disputan la capacidad para cobrar los impuestos de un contribuyente concreto, sea persona física o una empresa. Uno de los asuntos más conocidos que ha pasado por sus manos es el conocido como 'caso Rover', que costó a las haciendas vascas algo más de 700 millones ya que finalmente fueron a parar a manos del Estado. La dimisión de dos de sus tres componentes en 2019 paralizó sus actividades y para rellenar los dos huecos vacantes se apunta al nombramiento de dos catedráticas, expertas en derecho Tributario. Una de ellas procedente de la UPV y otra de la Universidad Carlos III.

El límite de déficit y también de deuda que podrán alcanzar las cuentas del Gobierno vasco el próximo año será otro asunto sobre la mesa. La decisión, que no diferirá de los límites que el Estado ponga para el resto de comunidades autónomas, apunta hacia el mantenimiento de una cierta flexibilidad en el desequilibrio de los presupuestos -más gastos que ingresos-, pero con algunos tintes de contención. La recuperación de la economía y también de los ingresos fiscales reducirá el próximo año las necesidades de emisión de deuda.

Hay también dinero contante y sonante en juego para las diputaciones forales, ya que la Comisión debe dar el visto bueno a la concertación de tres nuevos impuestos: el IVA Moss, que grava las ventas por internet entre diferentes Estados miembros de la UE; la denominada tasa Tobin, que se aplica a la compra de acciones de empresas cotizadas y la que se ha bautizado como tasa Google, para determinados servicios digitales desarrollados por grandes compañías. Según las estimaciones realizadas estos últimos meses por el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, las arcas forales podrían recaudar unos 200 millones por las tasas Google y Tobin.

Lo que el acuerdo pretende dilucidar es el llamado 'punto de conexión' que permitirá a las haciendas forales vascas beneficiarse del ingreso procedente de estos tributos. Esto es, un pacto en torno a qué parte de esa nueva recaudación cae en las arcas forales y a quién se lo van a cobrar.

Así, por ejemplo, en el caso de la 'tasa Tobin' -gestionada por el servicio de liquidación Iberclear, de la Bolsa española- es muy diferente que las diputaciones cobren cuando el comprador de las acciones sea un inversor vasco o que lo hagan cuando lo que se transmite sea una acción de alguna de las cotizadas que están gravadas y que tiene su sede en la comunidad autónoma. En esta segunda opción daría igual la ubicación geográfica del comprador de las acciones. Hay una decena de empresas en Euskadi que cumplen la condición exigida para aplicar este impuesto y que es superar un valor en Bolsa de 1.000 millones de euros. El tipo impositivo es del 0,2% sobre el importe de las transacciones.

El Gobierno central ha estimado que la recaudación anual de las tasas Tobin y Google puede reportar cada año 1.600 millones de euros a las arcas públicas. Las diputaciones sabrán hoy a qué trozo de esa tarta pueden aspirar.