'Kubati' evita la cárcel al admitir que los 'ongi etorris' «humillaban» a las víctimas

Además de 'Kubati', los otros cinco procesados son históricos de la izquierda abertzale y de la propia organización terrorista: Oihana Garmendia, Carlos Saez de Egilaz, Felipe San Epifanio San Pedro, Haimar Altuna y Oihana San Vicente. Los dos últimos son miembros de la actual dirección de Sortu.

'Kubati' fue detenido a principios de 2020 por la Guardia Civil acusado de estar detrás de la organización de unos recibimientos que habían sido denunciados por los colectivos de víctimas y por los partidos. Aunque apenas estuvo unas horas arrestado, a partir de ahí se inició un proceso judicial en el que los acusados corrían el riesgo de entrar en la cárcel. En su escrito de acusación previo al juicio, el Ministerio Público solicitaba imponer tres años y seis meses de prisión a los acusados por la «constitución y dirección de organización criminal» y dos años y un mes de cárcel por «el delito de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento».

El fiscal Carlos Berro señaló que «entre 2016 y 2020, 'Kalera Kalera' estaba dirigida por los acusados y organizó de forma reiterada y sistemática 'ongi etorris' y otros homenajes a miembros de ETA en el momento de su excarcelación, del regreso a España o de su fallecimiento». Para el Ministerio Público, «el contenido laudatorio de esos actos produjo una constante humillación a las víctimas y un impacto psicológico negativo». También derivó en «un sentimiento de abandono muy elevado, especialmente entre quienes residían en el País Vasco». Según el fiscal, supusieron «un proceso de revictimización que prolongaba de forma humillante su sufrimiento».

'Kubati' y el resto de procesados optaron al final por llegar a un acuerdo un acuerdo de conformidad con la propia Fiscalía y las acusaciones -ejercidas por la AVT, Dignidad y Justicia y el PP-, un documento que se basa en el reconocimiento de su participación en los hechos. Tras este acuerdo han sido finalmente condenados en sentencia firme a un año y medio de prisión por el delito de constitución y dirección de organización criminal, a seis meses por el delito continuado de humillación a las víctimas del terrorismo y enaltecimiento y a 1.800 euros de multa. El pacto implica la suspensión condicional de la ejecución de la pena de prisión por haber reconocido los hechos.

Los acusados admitieron que los hechos son contrarios a la legalidad y que suponen un delito de constitución y dirección de organización criminal y otro continuado de humillación a las víctimas del terrorismo. Los procesados también reconocieron, según un comunicado de la AVT, que «desde el año 2016 y tras el procedimiento judicial seguido contra las Gestoras Pro Amnistía y sus sucesoras, las cuestiones sobre el colectivo de presos pasaron a ser competencia de Sortu».

Los seis tendrán una «inhabilitación absoluta y especial para ejercer profesiones u oficios educativos durante un período de tres años superior al de la pena privativa de libertad» y se comprometen a «no participar en homenajes, reconocimientos o actos de reivindicación a favor de miembros de ETA o de su colectivo de presos por razón de sus acciones o militancia».

Sortu defendió que los procesados «han apostado por blindar el proceso de resolución de las consecuencias del conflicto», mientras que Covite criticó el acuerdo.