El PNV defiende romper la 'caja única' de las pensiones en puertas del diálogo con Sánchez

Dos días después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el lehendakari Iñigo Urkullu acordaran crear una comisión bilateral y permanente para estudiar el catálogo de traspasos pendientes a Euskadi, un paso inédito en cuatro décadas de pacto estatutario, el PNV defendió ayer en la ponencia de autogobierno del Parlamento vasco, de la mano de EH Bildu, su vieja aspiración de contar con una Seguridad Social vasca, un modelo propio de protección pública que rompería la 'caja única' de las pensiones.

En la línea habitual de las últimas semanas de acordar solo con la izquierda abertzale los contenidos del futuro Estatuto vasco -dejando de lado tanto a sus socios del PSE como a Podemos y PP-, el PNV pactó ayer con EH Bildu el reparto de poderes y el régimen económico y financiero que podría contemplar la nueva ley fundamental vasca. En ese contexto, ambas fuerzas nacionalistas defienden que Euskadi cuente con «facultades exclusivas» y «desarrolladas por las instituciones vascas» en los sistemas de relaciones laborales y Seguridad Social, «sin menoscabo de los mecanismos de solidaridad y cooperación con el sistema vigente en el Estado español».

La sola pretensión de acabar con la unidad del sistema supone un torpedo en la línea de flotación de la estrategia del Gobierno PNV-PSE, que ha asumido una visión posibilista del traspaso en contraste con las posiciones de máximos que Sabin Etxea ha defendido desde hace años y retoma ahora en el debate sobre el nuevo estatus. La propuesta bebe directamente de la que el PNV llevó a la asamblea general de Pamplona en febrero de 2016, que planteaba un modelo propio de Seguridad Social desplegado en dos fases, una previa para gestionar el régimen económico y una segunda para crear un sistema específico y universal de protección pública para Euskadi y Navarra.

El PNV ha defendido históricamente que la transferencia se cerrase con la fórmula del Concierto, es decir, cobrar en Euskadi las cotizaciones y aportar el Cupo proporcional al resto del sistema, a lo que los socialistas siempre se han opuesto frontalmente al considerar que quebraba 'de facto' la unidad de caja. No solo eso: el carácter deficitario del sistema en el País Vasco, que alcanza ya los 2.300 millones, haría inviable también la ruptura de la caja desde el punto de vista meramente pragmático, por más que el PNV haya insistido siempre en que la estructura del mercado laboral vasco, con salarios más altos y menor desempleo, corregiría el desvío. Fuentes del EBB reconocieron ayer que la exigencia de una Seguridad Social vasca se ajusta a su «visión de futuro» del país y conecta con sus principios y posiciones ideológicas históricas, aunque no cierran la puerta a introducir cambios. «Estamos dispuestos a negociar y abiertos a escuchar a los expertos» que redactarán el articulado definitivo, precisaron.

Los jeltzales recordaron que, efectivamente, el acuerdo de gobierno suscrito con el PSE se queda muy por detrás de esa pretensión. El Gabinete Urkullu pretende negociar la transferencia de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social ajustándose a las previsiones literales del Estatuto de Gernika, lo que supondría acordar «a través de los oportunos convenios» el traspaso únicamente de los edificios y el personal encargado de recaudar las cotizaciones y pagar las prestaciones, al estilo de lo que se ha hecho con la Administración de Justicia. Lo ingresado pasaría directamente a engrosar la caja común de las pensiones y Euskadi tampoco tendría ninguna capacidad normativa para regular el funcionamiento del sistema, que seguiría rigiéndose por la legislación estatal.

La competencia mantendría, eso sí, su fuerte poder simbólico y político, al pasar a cobrarse las prestaciones con la ventanilla y sello del Gobierno vasco, que en realidad solo gestionaría los medios materiales y personales del sistema pero no tendría potestad para regularlo. Aun así, tras su cita del lunes en La Moncloa con el jefe del Ejecutivo central, el lehendakari Urkullu ha asumido, según fuentes de su entorno, que el traspaso de la gestión del régimen económico de la Seguridad Social es, de lejos, el «más complicado» de ejecutar de los 37 que figuran en el informe que Sánchez tiene sobre su mesa. «No porque sea complejo técnicamente, que no lo es», apuntan, sino por la carga política asociada a la unidad de España y a la solidaridad entre sus territorios que lleva asociada y que, desde ya, Ciudadanos está utilizando para acorralar a Sánchez con sus supuestas concesiones a los nacionalistas. De ahí que el PSE, interesado en hacer pedagogía para allanar el traspaso, se lleve las manos a la cabeza con la «inoportuna» exigencia del PNV, que solo serviría para endurecer la resistencia del Gobierno central a negociarlo.

La «coincidencia en el tiempo» del debate en la ponencia y el próximo arranque del grupo de trabajo bilateral para completar el Estatuto no ayudará, reconocen en el Gobierno vasco, a impulsar la negociación, pero al mismo tiempo exigen que «no se pongan excusas» para rehuir un traspaso plenamente ajustado a la legalidad estatutaria.