El complicado encaje de las elecciones vascas

La única certeza ahora mismo es que si el estado de alarma se levantase el 26 de abril los comicios no podrían programarse antes del 21 de junio. El lehendakari y los partidos representados en el Parlamento acordaron el mes pasado anular la convocatoria electoral que llamaba a la ciudadanía a las urnas el 5-A, así que el proceso debe empezar de cero. Nuevo llamamiento, registro de candidaturas, coaliciones, listas... Eso conlleva, según la legislación, que deben pasar 54 días entre el anuncio que debe realizar Urkullu y la fecha elegida para votar.

Pero no va a ser tan sencillo. Primero, porque el lehendakari se comprometió a consensuar la nueva fecha con la oposición. Y también debe informar a su propio Consejo de Gobierno, que se reúne una vez por semana de forma oficial, de los planes. A poco que cueste celebrar esas reuniones, los plazos para elegir un domingo de finales de junio se habrán agotado. Todo eso, dando por hecho que la vuelta a la normalidad sea inmediata, algo que todos los expertos descartan. La recuperación del espacio público será «gradual», confirmó el propio Urkullu el pasado martes.

La segunda razón es más tajante aún: La expansión del coronavirus y su impacto social es hoy por hoy imposible de calibrar. No fue un anuncio oficial, pero casi. Sánchez sugirió el pasado jueves en el Congreso que habrá una tercera prórroga del estado de alarma. «Estoy convencido», lanzó. Si se cumple el augurio, la reclusión no acabará hasta el 10 de mayo. La fecha no es una exageración: Italia, el espejo en el que se está mirando España, maneja ese mismo plazo. Y algunos investigadores, también. Un equipo de matemáticos de la Universidad Politécnica de Valencia acaba de publicar una investigación en la que calcula que el encierro forzoso se alargará hasta 50 días.

Vistas las complicaciones que presenta junio, la siguiente opción son los meses de verano. Vaya por delante que julio y agosto nunca han acogido un proceso electoral, y lo normal es que esa costumbre no se rompa. Llamar a votar en periodo estival presenta varios riesgos, aunque el que disuade a los partidos es la posibilidad de que se dispare la abstención y la representación política sea irreal o poco favorable para sus intereses. ¿Podría fomentarse el voto por correo? Sí, pero se estima que los datos de participación seguirían siendo menores. ¿Y habilitar el televoto? La ley no lo contempla, y no es una opción. Hay sectores de la sociedad que siguen sin tener acceso a internet o conocimientos para usarlo. La brecha digital.

Aparentemente, estos problemas desaparecerían en septiembre. La campaña electoral podría desarrollarse con cierta cotidianeidad. Aunque nadie se atreva a hacer un cálculo público, en el seno de los partidos vascos ya se habla abiertamente de que las elecciones serán después del verano, y este aparece como el mes propicio. También hay quien lo pide en Galicia, donde se vienen copiando los plazos electorales de Euskadi. Es el caso del candidato socialista a la Xunta, Gonzalo Caballero, que hace días que fijó el 27 de septiembre como una fecha de referencia.

Entrar de lleno en el otoño con los comicios pendientes sería una mala señal y activaría todas las alarmas. No solo porque los efectos de la crisis sociosanitaria estarían alargándose dramáticamente o porque algunos epidemiólogos auguran un repunte de contagios cuando se vaya el calor que puede volver a obligar a tomar medidas drásticas. También porque la legislatura vasca, que arrancó con las elecciones del 25 de septiembre de 2016, se acaba oficialmente el 25 de octubre de 2020. A partir de ahí, el Parlamento cesaría definitivamente su actividad y la política autonómica entraría en un terreno inexplorado. Un limbo jurídico.