Una carpeta que tensa las costuras del acuerdo de gobierno entre PNV y PSE

El euskera es una de esas cuestiones en las que PNV y PSE-EE difieren históricamente pero a la vez suelen ser capaces de entenderse a base de diálogo. De hecho, ambas familias políticas son las grandes artífices de los consensos que han dado forma a la normalización lingüística durante las últimas cuatro décadas. Ese grado de acuerdo, en todo caso, se pone permanentemente a prueba cada vez que surge un nuevo debate en torno al euskera, sobre todo si el tema en cuestión no está recogido de forma expresa en el pacto de gobierno.

Es lo que está ocurriendo ahora con el plan para blindar la exigencia lingüística en las OPE frente a las sentencias en contra. Hace un año, cuando jeltzales y socialistas negociaron el acuerdo de coalición vigente, este tema ya estuvo sobre la mesa a iniciativa del PNV, pero la falta de entendimiento en este punto en concreto les llevó a dejarlo fuera del documento. Es por eso que ahora Sabin Etxea esgrime su libertad para registrar una propuesta por su cuenta frente a las críticas del PSE-EE, que considera que el pacto ha sido cuando menos «incumplido».

El documento que firmaron Imanol Pradales, Andoni Ortuzar y Eneko Andueza contenía tres compromisos en el capítulo referido al euskera: el primero, «aumentar el conocimiento del euskera y fomentar su uso en todos los entornos»; el segundo, «avanzar hacia la garantía de los derechos lingüísticos y hacia una convivencia lingüística normalizada»; y el tercero, «impulsar estrategias y procesos para extender el euskera a nuevos ámbitos y ámbitos emergentes». Cada uno de ellos contempla varias iniciativas en particular.

Aunque admiten que su propuesta de reforma legal no viene recogida en el acuerdo, los jeltzales la ven como una manera de desarrollar una de esas iniciativas: «Garantizar el uso de la lengua oficial escogida por cada persona en todas las relaciones de la Administración pública vasca con la ciudadanía». Sostienen que para cumplir ese compromiso hace falta elevar el conocimiento del euskera entre los funcionarios y que la Justicia, con las sentencias que vienen tumbando requisitos lingüísticos, está dificultando ese proceso.

Sabin Etxea también utiliza como argumento que los términos del acuerdo de gobierno no han sido óbice para que PNV y PSE-EE lanzaran juntos una ley de medidas urgentes sobre vivienda que no estaba recogida en el documento. Este mismo jueves inició su tramitación en el Parlamento vasco con la toma en consideración por parte de los grupos. Los socialistas, por su parte, explican que si esa proposición de ley ha llegado a la Cámara autonómica es porque se ha dado primero un consenso entre los dos partidos, algo que no ha ocurrido en la carpeta del euskera en la Administración.

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