El problema de la élite económica
En noviembre de 2014, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) impuso una multa de casi 100 millones de euros a 39 ... contratistas por repartirse los clientes en licitaciones públicas entre 1999 y 2013. ¿Qué empresas eran las que hacían trampas aprovechándose de su poder para que los ciudadanos pagáramos un sobrecoste del 35% por la recogida de nuestras basuras? Las constructoras más grandes, entre ellas Ferrovial.
En julio de 2021, la CNMC multó con 61,28 millones de euros a 12 empresas por formar un cartel que alteraba el resultado de licitaciones de los servicios de conservación y explotación de la Red de Carreteras del Estado con el fin de repartirse los contratos. Entre las sancionadas estaban buena parte de las grandes constructoras españolas, entre ellas Ferrovial, que se hicieron con contratos por valor de más de 500 millones.
En julio de 2022, la CNMC multó con 203,6 millones de euros a las seis principales constructoras españolas, entre ellas Ferrovial, por haber concertado durante 25 años, entre 1992 y 2017, miles de licitaciones públicas destinadas a la edificación y obra civil de infraestructuras, como hospitales, carreteras o aeropuertos. En la resolución de la CNMC se puede leer literalmente que se trata de prácticas cuyos efectos han sido especialmente dañinos para la toda la sociedad, no solo para las empresas competidoras a las que no se les garantizaba la igualdad de oportunidades. Sus prácticas hacían que nos empobreciéramos pagando entre todos el sobrecoste de los contratos apañados.
Tantos años de prácticas contrarias al interés público no podrían haber sido mantenidas con aparente impunidad sin la complicidad del poder político. Si tiramos de hemeroteca, también podemos ver escándalos de corrupción política en los que aparecen las grandes constructoras. Por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 'caso Palau', hecha pública en 2020, establece que Ferrovial pagaba comisiones del 4% por la adjudicación de contratos de la Generalitat y otras administraciones públicas en Cataluña.
Y cuando el Estado no atiende a sus necesidades de negocio, se enfadan públicamente, como cuando hace un año la Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras que incluye a las grandes operadoras, entre ellas Ferrovial, exigió al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana y al de Transición Ecológica y para el Reto Demográfico que licitaran con urgencia las obras que necesitaban para sus negocios.
El problema de que Ferrovial deje de tributar en España no es solo la falta de compromiso con su país. No se le puede exigir patriotismo al dinero que puede crecer más rápido en otro sitio. El problema de la súper elite empresarial no tiene que ver con el egoísmo ni con el libre mercado. Esto no va de anticapitalismo, va de que el poder político no ha sido capaz de garantizar el juego limpio y el respeto a la igualdad de oportunidades para ayudar a regenerar nuestra élite empresarial.
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