Los conflictos políticos tienen soluciones políticas
La nueva ley de amnistía favorecerá la convivencia social y política, reforzará las instituciones democráticas como únicos canales legítimos para buscar soluciones a los conflictos ... políticos y permitirá cerrar un periodo del que no se pueden sentir muy orgullosos ni los líderes independentistas que despreciaron el principio de legalidad ni los responsables políticos del Estado español que no fueron capaces de ofrecer una salida dialogada al conflicto político catalán y optaron por apostar todas las cartas a la respuesta judicial y policial.
También es una buena noticia que la nueva ley de amnistía nos acerque a Europa en su interpretación de qué es y lo qué no es terrorismo. Todas las expresiones violentas que nos disgustan y son condenables no son terrorismo. Así se entiende en la legislación europea, que es a donde nos remite la nueva ley de amnistía alejándose de la interpretación carente de sentido común del código penal español. La ley de amnistía mantiene los delitos de terrorismo y de traición en sus modalidades más graves como no amnistiables, pero la definición de terrorismo tendrá como referente los estándares europeos más democráticos.
La nueva ley de amnistía no incluye los delitos de corrupción. Siguiendo las recomendaciones de la Comisión de Venecia no podrán ser amnistiados quienes sean encausados por un tipo de corrupción que suponga enriquecimiento personal. El marco de la constitución y del derecho y la jurisprudencia europea han encuadrado el nacimiento de la nueva ley más allá del ruido político y mediático que de forma exagerada han asociado el nacimiento de esta ley con la desaparición de la democracia en España.
El Partido Socialista tampoco puede sentirse orgulloso de su aportación a la pedagogía de la España plurinacional y a la recuperación de la confianza en la clase política. No se explicó bien su seguidismo durante demasiado tiempo de las políticas fallidas de Mariano Rajoy relacionadas con el conflicto catalán. No era necesario que apoyaran la aplicación del 155 en Cataluña, no era necesario prometer traer a Puigdemont a España para juzgarle, tampoco era necesario que se posicionara en contra los indultos, no era necesario que se posicionara contra la amnistía, tampoco era necesario que todavía hace unos días se opusieran rotundamente a cambiar nada de la ley que modificara la tipificación de los delitos de terrorismo. Con estos antecedentes, es comprensible que, sin una nueva narrativa territorial que explique mejor estos radicales y razonables cambios de opinión, haya calado en parte de la ciudadanía española la sensación de que están chantajeando a un gobierno que termina haciendo cosas en las que no cree con el único objetivo de mantenerse en el poder.
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