Bildu ofrece un pacto presupuestario global para el Gobierno vasco y las tres diputaciones

En esta ocasión, la coalición soberanista condiciona su apoyo a la adopción de una serie de medidas centradas en la política de vivienda con el ambicioso objetivo de dar una «solución estructural a la emergencia habitacional en diez años». En ese sentido, plantea que el Gobierno vasco cree un fondo público-privado para invertir 3.000 millones de euros la próxima década para promover vivienda nueva y la rehabilitación, priorizando el régimen de alquiler. Un tercio de los fondos procederían del endeudamiento del Ejecutivo; otro tercio del Banco Europeo de Inversiones y del ICO; y otro de las fundaciones bancarias vascas y de diversas EPSV. Además, EH Bildu también quiere declarar como zona tensionada toda Euskadi para poder limitar los precios de los alquileres en todos los municipios.

Respecto a las tres diputaciones, cualquier acuerdo pasaría por duplicar el impuesto de transmisiones patrimoniales a partir de la segunda vivienda y para los grandes tenedores, así como establecer recargos tributarios a los propietarios de pisos con alquileres a largo plazo y que superen el índice de referencia, y a los alquileres turísticos. Por último, la formación independentista contempla formalizar las declaraciones de vivienda vacía en los municipios de más de 15.000 habitantes.

El ofrecimiento global del pasado año quedó finalmente en nada y los tres partidos negociaron por separado en cada institución. Sólo se llegó a un acuerdo en Álava. A partir de ahora queda por ver si PNV y PSE tienen en consideración esta propuesta, con la que EH Bildu vuelve a presentarse ante la sociedad vasca como una formación posibilista, pactista, institucional y centrada en la vivienda, el principal problema de los vascos. Además, de esta manera trata de alejar el foco de los ámbitos en los que muestra una cara más polémica y que generan más tensión interna, como la Ertzaintza y la Seguridad.