Bildu condiciona su apoyo al Presupuesto vasco a la compra de 2.300 pisos para el alquiler

La vivienda es el principal eje de la propuesta que EH Bildu presentó el pasado martes en la reunión que Nerea Kortajarena y Oihana Etxebarrieta mantuvieron con el consejero de Hacienda y Finanzas, Noël d'Anjou. La formación de Arnaldo Otegi lleva semanas tendiendo la mano para alcanzar un pacto presupuestario global -también en las tres diputaciones forales-, aunque no oculta que existe «mucha distancia entre la retórica del Gobierno vasco y el margen real de actuación que permiten las Cuentas». Las posibilidades de acuerdo, por tanto, son reducidas.

Aun así, la izquierda abertzale ha formulado un planteamiento que pasaría por modificar el 2,2% del montante de unos Presupuestos valorados en 15.728 millones de euros. Esos 350 millones se destinarían al incremento del parque público de vivienda en régimen de alquiler social a través de la compra mediante tanteo. EH Bildu también reclama desplegar la ley nacional de vivienda con un sistema propio de índices de precios de referencia, reducir la definición de grandes tenedores de diez a cinco viviendas y completar el análisis de las zonas tensionadas.

Precisamente en esas áreas -41 municipios son susceptibles de ser declarados como tal, entre ellos las tres capitales- la coalición soberanista plantea que se prohíban los pisos turísticos. La oferta presupuestaria habla de modificar la ley vasca de turismo para priorizar el uso residencial en general, pero fuentes de EH Bildu explican que ello conllevaría la desaparición de ese régimen de alojamiento en las zonas que sean declaradas tensionadas. Además, propone destinar 5 millones a la creación de una línea de ayudas a los ayuntamientos para poder aplicar el decreto de vivienda vacía.

El planteamiento de EH Bildu incluye modificaciones de carácter político en otras tres carpetas: el establecimiento de un SMI propio «acorde a nuestras características socioeconómicas», la eliminación del ánimo de lucro en la prestación de cuidados y, sobre todo, una reforma fiscal de corte «posneoliberal». Los de Pello Otxandiano piden mayor progresividad en el IRPF -la propuesta de PNV y PSE-EE sólo contempla elevar el mínimo exento para hacer la declaración de la Renta-, «revisar» el Impuesto de Sociedades, establecer el de Grandes Fortunas y crear un observatorio del fraude fiscal.

Esta propuesta contará con una contraoferta del Departamento de Hacienda y Finanzas, que a partir de mañana volverá a reunirse con las delegaciones de todos los grupos de la oposición salvo Vox para tratar de sumar apoyos a las Cuentas. Entre el resto de las formaciones, el PP reclama elevar en 177 millones de euros las dotaciones para Salud y Seguridad, mientras que Sumar todavía no ha cuantificado su plataforma negociadora -se prevé que lo haga público hoy- pero también exigirá cambios «políticos».