El autor de la matanza de Atocha no será candidato en Bilbao

Esta formación, que en las municipales de 2019 solo consiguió 41 votos, fue el centro de la polémica la semana pasada ya que su cabeza de lista era Carlos García Juliá, uno de los ultraderechistas condenados por el asesinato de cinco personas en un despacho de abogados laboralistas en la calle Atocha de Madrid el 27 de enero 1977. Cumplió 14 años de condena, aprovechó una libertad condicional para fugarse y permaneció huido de la Justicia 24 años. En febrero de 2020 fue entregado a España por Brasil y volvió a entrar en prisión, aunque salió apenas unos meses después. Tras quedar en libertad, afirmó: «Serán las víctimas las que me tienen que perdonar a mí. Yo ya pedí perdón hace mucho tiempo»

La Falange no concurrirá a ningún municipio de Bizkaia ni a las Juntas Generales, pues el Ayuntamiento de Bilbao era la única administración en la que presentaban una lista electoral. Esta situación de incumplimiento de la LOREG, con candidatos replicados en distintos municipios, se ha dado también en lugares como Barcelona, Zaragoza o Alcalá de Henares.

De hecho, en la capital catalana también han incumplido el requisito establecido en la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de hombres y mujeres en el conjunto de candidatos titulares. Desde la Junta Electoral de Bilbao señalan que, al encontrar candidatos duplicados en otras circunscripciones, no han entrado ni a valorar este supuesto.

El atentado de Atocha representa de manera gráfica los momentos más convulsos de la Transición. Con apenas 22 años, García Juliá fue uno de los pistoleros que subió al despacho de abogados laboralistas, vinculados al Partido Comunista y a Comisiones Obreras, ubicado en el centro de Madrid. Buscaban a un dirigente del PCE, por entonces todavía ilegalizado. Al no encontrarle, abrieron fuego contra los presentes. Perdieron la vida los abogados Enrique Valdelvira Ibáñez, Luis Javier Benavides Orgaz y Francisco Javier Sauquillo, el estudiante de Derecho Serafín Holgado y el administrativo Ángel Rodríguez Leal. En el despacho también trabajaba Manuela Carmena. Salvó la vida porque Benavides le había pedido usar su despacho y la que luego sería alcaldesa de Madrid se tuvo que trasladar a otra oficina cercana. Confiados en la red de protección con la que contaban, ni tan siquiera se molestaron en escapar de Madrid. Fueron detenidos a los pocos días.

En 1980, la Audiencia Nacional le condenó a él y a otro terrorista a 193 años de prisión como autores materiales de cinco asesinatos y cuatro intentos de homicidio. En 1994, y aprovechando la libertad condicional de la que disfrutaba, escapó a Paraguay. Reapareció dos años después en Bolivia, donde fue encarcelado acusado de financiar a grupos paramilitares y de tráfico de drogas. Ingresó en una prisión de alta seguridad, pero en 2001 consiguió escapar sin que las autoridades bolivianas hubiesen aceptado su extradición a España.

Su vuelta definitiva no se produjo hasta 2020, cuando fue extraditado por Brasil. Residía en Sao Paulo desde el año 2009 con una identidad venezolana falsa en el barrio de Barra Funda y trabajaba como conductor de VTC. Aterrizó en España el 7 de febrero e ingresó de forma inmediata en prisión. Pero apenas permaneció unos meses. En 2018, la Audiencia Nacional había calculado que aún le quedaban diez años por cumplir, pero su defensa logró que la Audiencia Provincial de Ciudad Real le concediera la excarcelación al aplicarle los beneficios penitenciarios que consiguió durante su estancia en prisión a principios de la década de los noventa. Abandonó Soto del Real el 19 de noviembre. La decisión de dejarle libre fue avalada por el Tribunal Constitucional.