El PP amenaza con anular 70 millones en inversiones pactadas con el PNV para Euskadi

El PP empieza a mover ficha tras el desahucio exprés del Gobierno, y no solo tiene en el punto de mira al PSOE. El ya primer partido de la oposición no descarta aprovechar su mayoría absoluta en el Senado para enmendar los Presupuestos Generales del Estado (PGE) como considere «oportuno». Pedro Sánchez se comprometió a gobernar con las Cuentas que Mariano Rajoy pactó con Ciudadanos, PNV, Coalición Canaria y Nueva Canarias en pro de la gobernabilidad. Fue un gesto clave para lograr el apoyo de los nacionalistas vascos a la moción de censura. Pero la operación con la que amenazan los populares le pondría en un brete. Están en riesgo 70 de los 540 millones que el anterior Ejecutivo se comprometió a invertir en Euskadi tras el pacto PP-PNV.

En principio, tanto un eventual veto a los PGE como las enmiendas parciales que se aprueban en la Cámara alta son perfectamente revocables. Si los Presupuestos pasan por el Senado sin cambios, ahí terminará su tramitación parlamentaria. Si hay modificaciones, vuelven al Congreso y la misma mayoría que los sacó adelante puede volver a dejar las cosas como estaban. El problema es que esa mayoría ahora está enemistada.

La vicesecretaria de Estudios y Programas del PP, Andrea Levy, no descartó que su grupo proponga, por ejemplo, otro reparto de los 540 millones de euros que el PNV logró arrancar al actual ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro. El dinero se podría redistribuir entre provincias de otras comunidades autónomas. No obstante, las fuentes consultadas por este periódico matizaron que lo que en realidad estaría en juego serían 'solo' los 70 millones 'extras' que los populares añadieron tras aceptar varias enmiendas nacionalistas. No los 470 que ya venían contemplados en el anteproyecto original de los PGE.

Portavoces de la dirección del PP aseguran que aún no hay ninguna decisión tomada al respecto y que será en los próximos días cuando se decida. Mañana se reúne el Comité Ejecutivo Nacional y, probablemente, en él se hablará, entre otras cosas, de cuál debe ser la estrategia de oposición. Oficialmente, el plazo para registrar enmiendas a las Cuentas públicas en la Cámara territorial concluía hoy, pero en Génova avanzaron que ese límite se ampliará sin fecha aún definida.

Ese hecho ya es, en sí mismo, extraordinario. Será, según subrayan fuentes parlamentarias, la primera vez que se modifique el calendario fijado por las Mesas del Congreso y el Senado para la tramitación de los Presupuestos, que, a diferencia del resto de proyectos de ley, tienen unos tiempos muy tasados.

Ocurrirá porque en el PP conviven en este momento dos almas: una más pragmática, que apuesta por hacer el duelo y ejercer, a medio plazo, una moción constructiva, y otra, a la que puso rostro el mismo viernes el portavoz del grupo parlamentario, Rafael Hernando, más visceral, que desea una guerra sin cuartel a los socialistas. Si los primeros aseguraban el viernes que, por responsabilidad, no jugarían con los Presupuestos, los segundos ya diseñaban su plan. Fuentes de Génova confirmaban ayer mismo que el «resquemor» en las filas populares con el PNV es «muy importante» y que la dirección nacional de los populares está recibiendo «un aluvión» de llamadas pidiendo una respuesta a lo ocurrido en la moción de censura.

En principio nadie piensa en un veto a las Cuentas ni en ponerlas patas arriba por completo. Pero los partidarios de dar una respuesta al PNV dicen que lo que sí cabe, ahora que sus socios les han abandonado, proponer 30 o 35 «enmiendas estratégicas» que puedan provocar las primeras divisiones entre el PSOE y quienes lo han aupado al Gobierno. Pero no sólo el PNV, también Podemos, Compromís o Esquerra. Quieren que, llegado el momento de votar en el Congreso, se refleje que no pueden proporcionar estabilidad alguna.

Nada de esto pilla a Pedro Sánchez por sorpresa. En su formación ya auguraban el viernes que el PP volvería al mismo tipo de oposición agresiva que ya desarrolló en 2004 tras el 11-M. Bastó oír a la secretaria general del partido, María Dolores de Cospedal, decir que apoyarse en los independentistas los convertía en «enemigos de España» o a Hernando hablando de «fraude» democrático para tomar nota. La posición de Ciudadanos, igual de beligerante, es además un elemento de presión añadido.