Vivir entre trincheras

El vocabulario político de los dos gobiernos y de los que apoyan sus medidas se ha llenado de palabras que yo creía obsoletas (traición, sedición, patria) y que los medios reproducen sin pararse a pensar cómo está cambiando el lenguaje político y cómo afecta esto a nuestra comprensión de la democracia. Cualquier intento de reflexión profunda choca contra el muro de la valoración política inmediata. Posicionarte, cada día a favor o en contra de la siguiente medida que se tome por parte de unos u otros impide una visión de conjunto a no ser que esa visión sea absolutamente inamovible: soberanía española o independencia catalana, por encima de todas las cosas.

Estamos inmersos en un ruido excesivo, profusión de opiniones, información, valoraciones políticas, en las que los matices se van perdiendo y las trincheras crecen en profundidad y en alambre de espino. Muchos medios participan, reproducen e incluso provocan que la polarización política y social siga aumentando. El periodismo es un arma de intervención pública y política, para bien y para mal. A estas alturas es imposible negar que los grandes grupos de comunicación responden a intereses políticos y que intentan implantar una interpretación del conflicto político unilateral y unívoca que responde a esos intereses. Algunos periódicos, como han reflejado sus editoriales, han estado al servicio de los intereses del pacto PP-Ciudadanos-PSOE para aplicar el 155, incluyendo, en sus primeros momentos, la intervención de los medios catalanes. El intento de intervención de TV3 desde un Gobierno que ha manipulado todo lo que ha podido los medios públicos y que incluso ha interferido en decisiones cruciales de medios privados es, cuanto menos, un despropósito hipócrita. Y, a pesar de que algunos defienden que nuestra democracia funciona de maravilla y muestran incluso indicadores de que así es, algunos hechos demuestran precisamente lo contrario. El director de ‘El jueves’ está imputado por «insinuar» injurias a la Policía Nacional. Me pregunto qué medidas se tomarán contra los agentes que, de uniforme y de servicio, hacen bromas homofóbicas sobre el futuro de Oriol Junqueras en prisión. Muchos seguro que rieron las gracias de los dos agentes de policía o les pareció estupendo ese cartel que su sindicato subió a las redes sociales, en el que aparecían tachados en rojo los detenidos del Govern como si fueran los terroristas más buscados, con alguno más pendiente por tachar. Para ellos parece que Twitter es libre, mientras que otros van a la cárcel por un chiste hecho hace años. Y a todo esto, los jóvenes de Alsasua llevan en prisión preventiva trescientos cincuenta y tantos días y la Fiscalía pide una condena de cincuenta años por cabeza. Está por ver cómo acaba la imputación de los nazis de Valencia, responsables de destrozos similares a los de cualquier día de kale borroka y de propinar palizas a varias personas en base a su ideología política.

Hace, pongamos, diez años, cuando la Audiencia Nacional tenía otros asuntos de los que ocuparse (léase ETA) o la idea del referéndum catalán no estaba sobre la mesa, las cargas policiales del 1-O, el intento de intervención de medios de comunicación autonómicos, el encarcelamiento de políticos, tuiteros, humoristas o raperos, nos habrían parecido una aberración y un atentado contra nuestra libertad de expresión y nuestra democracia.

En el último artículo que escribí para este periódico, a raíz del «tirar a matar» de los Mossos que «abatieron» a los yihadistas del atentado de Barcelona, preguntaba hasta qué punto estamos dispuestos a apoyar, sin cuestionar, la actuación de las fuerzas del orden para defendernos de la amenaza terrorista. Ahora pregunto: hasta qué punto vamos a permitir que el Estado y la judicatura que tiene a su servicio mermen nuestras libertades (de todos, no sólo los catalanes) en nombre de la soberanía y de la unidad nacional. Si se paran a reflexionar un poquito, verán que las dos preguntas están bastante relacionadas.