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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE

La amnistía es constitucional, ¿y ahora qué?

La cuestión de los famosos siete votos para la investidura de Pedro Sánchez queda circunscrita al terreno del debate político

Txema Oleaga Zalvidea

Senador por Bizkaia (PSE-EE)

Lunes, 11 de agosto 2025, 00:04

Esta legislatura comenzó con un debate desaforado en torno a la amnistía y sus efectos en la convivencia y el futuro del país. Decía Antonio ... Machado que «todo pasa y todo queda, pero lo nuestro es pasar. Pasar haciendo caminos; caminos sobre la mar». Estas bellas palabras nos sirven para analizar lo sucedido y echar una mirada retrospectiva sobre los acontecimientos vividos.

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La derecha y la ultraderecha formularon augurios apocalípticos sobre las consecuencias de la amnistía. Y el recurrente 'se rompe España' que forma ya parte del repertorio habitual de la dirigencia conservadora. Hubo, no obstante, dos novedades: los llamamientos a concentrarse ante las sedes socialistas, especialmente la de Ferraz, y la incorporación al debate de sectores progresistas guiados, en mi opinión, más por un posicionamiento contrario al secretario general, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que por un análisis racional del uso de las herramientas disponibles para la resolución de los efectos perniciosos que la mala política produce sobre la convivencia. Sea como sea, había un pequeño detalle que se les escapó a unos y otros: la constitucionalidad o no de una ley la determina el Tribunal Constitucional.

Los argumentos usados en este caso podrían resumirse en tres. La amnistía no es constitucional porque no está prevista en la Carta Magna, rompe la igualdad entre ciudadanos y ciudadanas de nuestro país e interfiere en la división de poderes. La sentencia del TC resuelve el contencioso de manera magistral e incontestable.

La falta de previsión constitucional no significa que la amnistía esté prohibida. Estamos ante un profundo debate sobre si la ley fundamental es habilitante o limitativa. Recuerdo que uno de los expertos propuestos por el PP en la comisión sobre amnistía en el Senado sostuvo la tesis de que la Constitución es habilitante. Le objeté que hemos regulado la capacidad jurídica y procesal de las personas con discapacidad antes de la reforma constitucional que suprimía el término lacerante de minusválidos del artículo 49. Es decir, no hace falta reformar la Constitución para aprobar una ley concreta.

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En cuanto a la igualdad, la sentencia es concluyente. La ley regula unos hechos acaecidos en un momento concreto y extiende sus efectos sobre la totalidad de quienes se ven afectados. Como ocurre con cualquier otra disposición legal. La sentencia del TC abunda sobre otras dos resoluciones anteriores referentes a efectos de la amnistía de 1977 y que fueron aprobadas por las Cortes Generales ya vigente la Constitución de 1978. De ahí que ese concepto de 'autoamnistía' o de los famosos siete votos necesarios para la investidura queden fuera del debate constitucional. Son cuestiones circunscritas al terreno del debate político. Que al PP no le guste una ley no significa que sea inconstitucional. Ya lo señaló la Comisión de Venecia, que recordaba las 54 leyes de amnistía aprobadas por los países de nuestro entorno desde 1945, por diferentes razones políticas y ante otros tantos conflictos a resolver.

Finalmente, la pretendida interferencia en la independencia del Poder Judicial. La derecha política utiliza este asunto de una manera instrumental y errada. La independencia del Poder Judicial está garantizada por nuestras leyes, que recogen la inamovilidad de cada juez, jueza, magistrado o magistrada y la absoluta libertad a la hora de dictar sus resoluciones sin interferencias y con el único límite de la ley. Otra cosa muy diferente es la división de poderes. La Constitución es clara: «La Justicia emana del pueblo». La legitimidad del sistema judicial deriva de la voluntad popular. No hay un poder superior ni un grupo limitado de personas que decidan por su cuenta. La aplicación de la ley compete a los tribunales, como la ley de amnistía recoge y ya reconoció la Comisión de Venecia.

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¿Y ahora qué? Meses de asedio a las sedes socialistas, agresiones a cargos públicos, militantes y personal que desempeña su trabajo en ellas. Todo alentado por dirigentes del PP y de Vox que jugaron con fuego y buscaron el enfrentamiento social. No es la primera vez. Lo hicieron cuando el presidente Rodríguez Zapatero y el lehendakari Patxi López impulsaron el proceso de paz para acabar con el terrorismo de ETA. Se repite esta espiral de odio y se agitan las bajas pasiones. Se deshumaniza al adversario y se le convierte en enemigo. Todo aderezado con el abuso del recurso de inconstitucionalidad por el PP. Ya sucedió con la interrupción voluntaria del embarazo, el matrimonio igualitario, la eutanasia, el acoso a las mujeres que acuden a clínicas abortivas, la ley de educación y ahora, la amnistía.

Vamos haciendo camino al andar. Euskadi es hoy un ejemplo de convivencia y Cataluña... Cataluña va avanzando hacia un futuro de paz y prosperidad.

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